La sentencia es por delitos de fraude y corrupción en la concesión de obras públicas mientras desempeñaba el cargo de presidenta de Argentina, de 2007 a 2015. La Fiscalía argentina pedía 12 años de cárcel.
Pese a todo, es difícil verla cumplir la condena a corto plazo porque tiene inmunidad por su actual cargo en el Gobierno y además puede recurrir la sentencia. Ese proceso podría durar años.
El presidente del país, Alberto Fernández, de su mismo partido, exige investigar lo que considera que es una "trama de cohecho" de jueces, empresarios y medios de comunicación.