El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación deja sin efecto la orden ministerial publicada el 29 de mayo por la que se limitaba el movimiento de ganado bovino en Castilla y León.
Lo hace una vez que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad haya restituido el marco legal sobre las medidas de control y erradicación de la tuberculosis bovina.
Esta nueva medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entra en vigor este mismo jueves, se ha adoptado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León haya suspendido cautelarmente la resolución de la Consejería de Agricultura y Ganadería del gobierno de PP y Vox en esa región, dictada el 10 de mayo, que contenía una serie de medidas contrarias a la legislación de la Unión Europea y nacional sobre el control de la tuberculosis bovina.
La resolución autonómica establecía una reducción unilateral de controles y requisitos que provocaba una dispersión de la enfermedad, altamente infecciosa entre los animales.
La tuberculosis bovina es altamente infecciosa y de carácter zoonótico, es decir, se transmite al ser humano, por lo que la resolución autonómica ponía en riesgo el nivel sanitario de la cabaña ganadera española y comunitaria, pero también suponía un problema de salud pública.
Por este motivo, el ministerio del ramo interpuso el 23 de mayo un recurso contencioso administrativo contra la resolución autonómica y pidió la suspensión cautelar de la misma. Además, tres días más tarde dictó la mencionada orden para limitar el movimiento de ganado desde Castilla y León al resto de comunidades autónomas y a las tres provincias de esta misma comunidad, que están declaradas libre de tuberculosis bovina, Burgos, León y Valladolid.
La propia orden ministerial especificaba que estaría en vigor en tanto no se restablecieran los requisitos del Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina y la reglamentación comunitaria de aplicación. El ministerio considera que con la suspensión judicial de la resolución autonómica queda reestablecido el marco normativo que se pretendía, por lo que, en aras a la seguridad jurídica, ha decidido dejar sin efecto la orden del 26 de mayo.