.jpg)
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha autorizado, "a la mayor urgencia", la apertura de 19 fosas en toda España en las que estima se encuentran restos de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista (1936-1975), entre ellas la del poeta Federico García Lorca.
Esta es una de las medidas acordadas por el juez en el auto de 68 folios en el que se declara competente para investigar las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos, de los que reconoce que su suplicio "ha sido permanente porque no supieron si las víctimas" estaban vivas o muertas, "lo que les convierte asimismo en víctimas".
La Fiscalía ha anunciado que recurrirá esta decisión, que podría llegar a ser revisada por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al entender que la Audiencia Nacional no es competente para investigar estos hechos.
Para la Fiscalía, que cree que los delitos han prescrito en virtud de Ley de Amnistía (1977), las exhumaciones ya están contempladas en la Ley de Memoria Histórica y los hechos son, en todo caso, competencia de los juzgados territoriales, ya que el concepto de crímenes contra la humanidad que Garzón esgrime para declararse competente, comenzó a aplicarse desde los juicios de Nuremberg en 1945 y no tiene efectos retroactivos.
Garzón enmarca la competencia de la Audiencia Nacional en que los hechos, "nunca investigados" por la Justicia española, son constitutivos de un delito de detención ilegal sin dar razón de paradero, lo que, según él, encaja en el contexto de crímenes contra la humanidad, tal y como estableció el Tribunal Supremo al condenar al ex militar Adolfo Scilingo por las desapariciones en Argentina.
Además encajan en el delito contra altos organismos de la nación, que no habría prescrito porque está conexo con el de detención forzada, que permanece en el tiempo, como ocurre con las desapariciones de Publio Cordón y Santiago Corella, "el Nani", cuyos cuerpos no han sido encontrados.
Según el juez, "el alzamiento o insurrección armada" del 18 de julio de 1936 "fue una decisión perfectamente planeada y dirigida a acabar con la forma de Gobierno de España en ese momento, atacando y ordenando la detención e incluso la eliminación física de personas que ostentaban responsabilidad en los altos organismos de la Nación", eliminación de personas que "continuó, en mayor o menor medida", al acabar la guerra.
Como ejemplo de ello, expone, entre otros indicios, unas declaraciones del dictador Francisco Franco a un periodista del Chicago Daily Tribune el 27 de julio de 1936 en las que aseguraba que su batalla era contra un bando que luchaba "contra España" y que seguiría adelante "a cualquier precio" y, al decirle el redactor que para ello tendría que "matar a media España", el general responde: "he dicho que al precio que sea".
Por ello apunta como responsables de estos hechos a 35 altos cargos del régimen franquista, desde el dictador Francisco Franco a Francisco Regalado, y pide que se aporte el certificado de defunción a efectos de declarar la extinción de responsabilidad penal de todos ellos.
También reclama al Ministerio del Interior que identifique a los máximos dirigentes de Falange desde el 17 julio de 1936 hasta el 3 de diciembre 1951 y, una vez identificados, acordara lo necesario sobre la imputación o extinción de responsabilidad en caso de fallecimiento.
Todo, "sin perjuicio de que existan otros responsables no identificados que junto con la estructura dirigente hubieran participado en la ideación y desarrollo de este plan sistemático de exterminio dilatado en el tiempo, y de que puedan existir personas concretas vivas que pudieran haber cometido hechos" particulares que "deban ser objeto de investigación separada en casa caso".
Garzón asegura que investigará "con el máximo respeto para todas las víctimas que padecieron" violación de derechos durante la Guerra Civil y la posguerra, "con independencia de su adscripción política, ideológica, religiosa o de cualquier otra clase".
No obstante, señala que "un examen imparcial y sereno de los hechos nos lleva también a afirmar que al igual que los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de las víctimas caídas de la parte vencedora, no aconteció lo mismo respecto de los vencidos que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados".
En este sentido, recuerda que en 1998 archivó una denuncia contra el ex secretario general del PCE Santiago Carrillo por los crímenes de Paracuellos del Jarama (Madrid) en 1936 porque "tras la finalización de la contienda, tales hechos se investigaron, se procuró sancionar a los posibles responsables y las víctimas fueron identificadas".
La investigación -destaca- se limita a "la desaparición forzada de personas" y "no se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil" porque ello "supondría la formación de una especie de causa general" que, puntualiza, ya se formó recién acabada la guerra.
Entre las fosas que el juez permite abrir, mediante "los exhortos correspondientes a los juzgados territorialmente competentes", destaca la de Víznar en Granada en la que está enterrado Lorca y de la que una de las denunciantes ha pedido que se exhume el cuerpo de su abuelo, Dióscoro Galindo.
En total, las fosas a las que afecta esta medida se encuentran, además de en Granada (Víznar y Alfacar), en Córdoba, Toledo (Parrillas), Burgos (Adrada de Haza, Valdenoceda y San Juan del Monte) y León (La Robla, Ponferrada, Balboa, Dehesas, Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil y Carucedo ).
También se procederá a la apertura de las fosas de La Palma del Condado, Bonares y Niebla (todas en Huelva), Fuerte San Cristóbal y La Serna (Madrid).
Para facilitar la labor de las exhumaciones, el juez ha creado un grupo de siete expertos (cinco propuestos por las partes y dos por el juzgado) para que elaboren un informe con el número total de víctimas, que según las asociaciones suman más de 133.000, y otro grupo de Policía Judicial, con un jefe y 9 funcionaros con competencia en toda España, para colaborar con los expertos.
Ambos grupos deberán coordinarse con los juzgados territoriales a los que corresponderá acordar la apertura de las fosas "para fijar el día de la exhumación y, en su caso, levantamiento de cadáver y traslado de restos, que deberá ser comunicado" al juzgado de Garzón.
Garzón pide también un dictamen al grupo de expertos "para la posible creación de un banco de ADN" que sirva para facilitar las identificaciones.
La cifra global de desaparecidos entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951 es de 114.266 personas, según revela el auto en el que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se ha declarado hoy competente para investigar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo.
Según el auto, esta cifra podría variar en función de los informes técnicos y el análisis pormenorizado llevado a cabo por el grupo de expertos creado por el magistrado para determinar el número total de víctimas.
Las Comunidades Autónomas con mayor número de víctimas desaparecidas son Andalucía, Castilla y León y Extremadura, con 32.289 en el caso de la primera.
El auto, de 68 folios, sostiene que el sistema de desaparición forzada fue utilizado sistemáticamente en aras a imposibilitar o dificultar la identificación de las víctimas y así impedir cualquier actuación de la Justicia hasta la fecha.
Además, Garzón admite a trámite en dicho auto las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos durante estos años y autoriza exhumaciones en 19 fosas localizadas en toda España.
Aplauden la determinación de Garzón familiares de las víctimas
Asociaciones de familiares y representantes políticos han aplaudido hoy la admisión a trámite de las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, decisión que ha dividido a las asociaciones de magistrados.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha autorizado en un auto la apertura de 19 fosas en toda España en las que estima se encuentran restos de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista (1936-1975), entre ellas la del poeta Federico García Lorca, decisión que la Fiscalía ha anunciado que recurrirá.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha mostrado la disposición del Gobierno a colaborar con el juez en todo lo que solicite dentro de la investigación de las desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
El conseller de Interior y Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña, Joan Saura, ha asegurado que el auto "supone un alto histórico en contra de la impunidad" y ha apuntado que entiende que la calificación de los crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad permite "equiparar por primera vez la dictadura franquista a otros regímenes totalitarios".
Por su parte, el portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds en el Congreso, Joan Herrera, ha calificado de "obstruccionista" y "lamentable" la actitud de la Fiscalía, que "en vez de buscar la verdad se dedica a poner obstáculos a la investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo".
En la misma línea se ha manifestado el PCE, que ha calificado de "inmoral" la intención de la Fiscalía de recurrir el auto, "con argumentos peregrinos de ley de punto final".
El Portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, ha afirmado que no entienden cuál es la finalidad penal de la decisión de Garzón y "a dónde nos puede conducir".
Mientras que para Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, sí hay base legal para acometer la investigación, aunque no entienden la "necesidad" de incoarla ahora ya que la finalidad de un proceso penal no es sólo averiguar los hechos, sino llevar a los culpables ante la Justicia y, en este caso, están fallecidos.
Nieves Galindo, la nieta del maestro de escuela Dióscoro Galindo, supuestamente enterrado junto a Federico García Lorca y otros dos asesinados, ha mostrado su "enorme emoción" y ha asegurado que "por fin se verá recompensada una lucha que viene de diez años atrás".
Desde las asociaciones de familiares, la secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, Paqui Maqueda, ha señalado que "es un triunfo a la memoria de las víctimas y de los familiares" y que hoy es "un día de justicia".
Algo con lo que ha coincidido el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, quien ha asegurado que la decisión de Garzón representa "un gran empujón para hacer justicia a los padecimientos de las familias que vivieron cuarenta años gobernados por sus asesinos".
La presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español, Ludivina García, ha considerado que "siempre es importante que se adopten estas medidas para que se vaya conociendo la verdad de la represión" y ha señalado que el auto será como "un consuelo tardío" y "ayudará a la tranquilidad espiritual" de los familiares.
El presidente de la Federación Estatal de Foros de la Memoria Histórica, José María Pedreño, ha considerado "un gran avance" que el auto "restaure la legitimidad del Gobierno democrático de la II República", al reconocer que "hubo un golpe de Estado contra las altas instituciones del Estado y un plan preconcebido de exterminio de todos los demócratas españoles".
Por su parte, el experto en justicia universal de Amnistía Internacional, Hugo Relva, ha expresado su apoyo a la decisión de Garzón porque "es un principio de humanidad" y ha asegurado que "tiene que ser un primer paso en la dirección correcta", ya que "todos los crímenes del pasado tienen que ser investigados con imparcialidad".
Si (
No(
