El 'Guateque' se mantiene activo todo el año

El 14 de noviembre de 2007 se destapó una red de extorsión en el Ayuntamiento de Madrid en la que se cobraba dinero por agilizar la tramitación de licencias. El debate político ha establecido un juicio paralelo al que está investigando la Audiencia Provincial. Se la bautizó como el 'caso Guateque'.

La Guardia Civil investigó irregularidades en las Áreas de Urbanismo y Medio Ambiente del Consistorio. Hallaron pruebas de una red ilegal que agilizaba o demoraba la gestión de la tramitación de las licencias y cobraba por ello entre 8.000 y 20.000 euros. Más de 40 imputados, 17 detenidos y seis personas enviadas a prisión fueron el primer balance de la actuación judicial, llevada a cabo por el juez del Juzgado de Instrucción número 32 de la Audiencia Provincial, Santiago Torres. En el ámbito político, tras un Pleno Extraordinario sobre el tema, el Consistorio autorizó la apertura de una comisión de investigación especial sobre el asunto.

Para tratar de buscar soluciones, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón propuso también que se externalizase el servicio para solucionar el problema de la agilidad. El regidor admitió que existía un "déficit" en la tramitación". La medida fue ampliamente criticada por la oposición que lo tachó de "privatización". Los colegios de arquitectos e ingenieros propusieron con el Ayuntamiento certificar las licencias para agilizar los trámites a los ciudadanos y descargar de trabajo a la administración, pero la proposición fue posteriormente rechazada.

Desfile de imputados
Siguieron los registros. Por ejemplo, en la Junta Municipal de Villaverde. Torres solicitó una auditoría en Medio Ambiente. Y los testigos siguieron desfilando ante el juez. Uno de los funcionarios acusados, Miguel Ángel Jodar testificó que cobró 8.000 euros por adelantar siete gestiones. Otro Jodar, José Antonio, también funcionario, declaró por destrucción de pruebas y sustracción de documentos relacionados con el caso. Se investigó también al hijo de Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Medioambiental. De Castro mantuvo, posteriormente, un careo con Victoriano Ceballos, presunto cabecilla de la trama. Ceballos acusó a los políticos porque sólo se agilizaban las licencias que estos decían y a la Guardia Civil de crear la existencia de una trama. También aseguró que recibió gratificaciones por realizar proyectos.

Tres funcionarios de Juntas de Distrito más comparecieron. Luego, la investigación se centró en los empresarios que pagaron. Diez encarcelados, entre ellos, Ceballos, fueron liberados bajo fianza. Finalmente, declararon ante el juez en mayo el director general de Calidad, Control y Evaluación Ambiental, Manuel Tuero, y el director general de Obras y Vías Públicas, Ramón Sánchez. Asimismo, testificó la máxima responsable del servicio de licencias de Urbanismo, Myriam Peón González. En diciembre, Torres realizó los últimos interrogatorios sobre el caso. Fernández de Castro aseguró al juez que las instancias superiores del Consistorio presionaban para que se agilizasen licencias. El ex-piloto de rallies Carlos Sáinz fue imputado por abrir un circuito de karts sin licencia. Entre tanto trabajo, el juez concurrió a sustituir al juez Juan Del Olmo en el Juzgado de Instrucción Central.

Comisión malograda
La comisión de investigación comenzó tras el 9-M, la fecha de las elecciones generales al Congreso. Se cerró casi en sus primeros pasos. PP, PSOE e IU no se pusieron de acuerdo en la lista de personas que debían comparecer ante la misma. El PSOE pedía dejar abierta la lista de comparecientes y expedientes, y el testimonio de varios altos cargos municipales y del viceconsejero de Transportes, Luis Armada. El Consistorio aceptaba siempre que compareciesen en primer lugar los imputados. IU, que pedía una lista cerrada de comparecencias, amenazó con retirarse de la comisión si seguían las disputas.

Finalmente, la comisión se cerró con propuestas para un Plan para agilizar las licencias que contaba con los votos de PP e IU y las enmiendas de este último Grupo. Las medidas aprobadas de IU se basaron en cuatro puntos: la creación de un programa de actuación para garantizar el proceso y resolución de la tramitación de licencias; la implantación de un sistema de comunicación telemática y personal que mantenga informado de forma constante a los interesados; la redacción de un código de buenas prácticas; y la elaboración de una ordenanza municipal de protección de legalidad urbanística. Los empresarios denunciaban el 'tapón' que existía para tramitar las licencias que estaba afectando a sus economías porque no podían abrir sus locales de más de 13.000 licencias en espera. La secretaria de la Junta de Salamanca denunció que dos empresarios la coaccionaban para que el Consistorio retirase los precintos de sus locales.

Los colegios profesionales, encabezados por los arquitectos, habían propuesto al Consistorio ocuparse de la tramitación de licencias y desbloquear el tapón administrativo. De esta manera, aseguraban, se conseguían ahorrar hasta 1.000 millones de euros, según el COAM. Criticaban que con el sistema de gestión actual se encarecía el coste de tramitación un 16 por ciento. Finalmente, el Gobierno municipal, como anunció en un principio, decidió otorgar el sistema de tramitación de licencias a empresas certificadoras privadas. Además, reforzaron la plantilla municipal para esta tarea con 200 trabajadores.

Armada
Posteriormente, el Ayuntamiento aprobó el dictamen de la comisión y anunció reforma en dos fases del proceso de tramitación de licencias en las áreas de Medio Ambiente, Urbanismo y Proteccion Civil, a través de un plan estratégico. La primera fase desarrolla medidas que doten de transparencia a este proceso administrativo. Algunas de estas medidas son la redacción obligatoria de una memoria anual en todos los servicios de las áreas antes citadas, el sometimiento a examen de la gestión del proceso de licencias, la creación de la figura del informador urbanístico y la creación de un censo de actividades. También se reforzaron los recursos humanos en las áreas afectadas. Un total de 173 técnicos se incorporan al ejercicio de tramitación en las áreas y juntas municipales para todo el proceso. En este proyecto no se decidió modificar la ordenanza vigente de 2005. La mejora estudiaba incluir en el proceso a entidades certificadoras. Este tipo de medidas corresponderían a la segunda fase .

En el caso de Luis Armada, la Guardia Civil registró la casa para comprobar la legalidad de unas obras realizadas en un el edificio de la calle de La Bola, número 9, propiedad de Armada. La licencia del político era para realizarla en su casa y no en su sótano. Armada explicó que esas obras tenían expedientes impecables y quedó en libertad sin cargos tras declarar. Sin embargo, el juez desestimó la petición de Armada de sobreseimiento de la causa instruida contra él, a pesar de que la había pedido el fiscal porque "existen indicios que no aconsejan adoptar la decisión pretendida". El auto del juez no descartaba la existencia de la infracción. "Queda por esclarecerse la posible comisión de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, así como un posible delito de tráfico de influencias ejercido por el imputado para favorecer la tramitación ágil de la solicitud de licencia que benficiaba al propio Gerente de Urbanismo y a su familia más directa", concluía el documento.

Becara
Cuando parecía que el 'Guateque' remitía, estalló el 'caso Becara', en el que el concejal presidente del distrito de Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna, era acusado de aceptar la licencia del establecimiento Becara en 1999, cuando íñigo todavía no era concejal. Los querellantes aseguraban que el propietario del local, militante del PP, decía conocer a De Luna. El edil explicó que las licencias pertenecían a Urbanismo y que la acusación se debía a una venganza de la familia Goyeneche, propietaria de un comercio ilegal situado sobre Becara que De Luna cerró. Aseguró que Trías, el 'conocido' del edil, tiene un expediente disciplinario en la Junta Municipal de Salamanca por la apertura de un despacho ilegal.