El Gobierno ecuatoriano estudia recurrir a la justicia por la supuesta ilegalidad de su deuda externa

En este sentido, el Gobierno de Rafael Correa calificó de "ilegal" gran parte de su deuda externa de 10.000 millones de dólares, incluidos sus bonos globales con vencimiento en 2012, 2015 y 2030 y préstamos multilaterales. De momento, Correa ya ha anunciado que aplazará los pagos de intereses de uno de los bonos globales, mientras decide su próxima medida.

   Salvador explicó a una emisora local que "el informe de auditoria detecta una serie de problemas de eventuales responsabilidades e ilegalidades que tiene que ser sometido a autoridades competentes en el tema interno a la Fiscalía General y en el tema externo eventualemente a demandas y juicios en el exterior". "Quiero ser muy clara y franca: Ecuador no va a actuar nunca fuera de derecho; nosotros nos sometemos a las reglas del derecho", matizó.

   Así, la ministra se mostró más cauta que Correa y rehusó aclarar si su Administración detendrá los pagos de sus bonos soberanos si decide buscar la suspensión de obligaciones por medio de los tribunales internacionales.

Varias opciones

   Por su parte, la ministra de Economía, Elsa Viteri, subrayó desde Washington que su país "está haciendo un esfuerzo por cumplir con la ley internacional", pero indicó que todas las posibilidades están todavía sobre la mesa. "Hay una serie de posibilidades, una gama de posibilidades de que Ecuador sea guiado por la opinión legal", apuntó.

   Así, Viteri dijo que Ecuador podría buscar desde la reestructuración de su deuda hasta demandas judiciales o incluso el temido incumplimiento de pago.