Las excavadoras regresan a la Cañada Real

Después de los traumáticos sucesos de 2007, los vecinos de la Cañada Real, vía pecuaria de 15 kilómetros donde viven unas 40.000 personas en asentamientos ilegales de todo tipo, entraron en el nuevo año con la sensación de que las administraciones querían proseguir los derribos. Por eso, varias organizaciones sociales que trabajan habitualmente en la zona decidieron llevar a cabo una jornada lúdico-reivindicativa con motivo del Foro Social Mundial.

Mientras tanto, en enero y febrero, la oposición en la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid recordaban la necesidad de crear un consorcio inter administrativo para abordar el problema. A finales de enero, las patrullas de los agentes forestales que el Gobierno regional había enviado a la vía pecuaria "para evitar nuevos asentamientos ilegales" se retiraron, ya que su presencia allí "no tenía ningún sentido", según los sindicatos.

La tensa calma en la que se sumergió la zona empezó a resquebrajarse en primavera. En marzo, las organizaciones sociales explicaban a Madridiario que se estaban produciendo altercados esporádicos. El 8 de abril se cumplían varios meses sin que se produjeran derribos de construcciones ilegales, pero pocos días después, el 22, las excavadoras regresaron a la zona.

Esta vez lo hicieron en la parte cercana a la urbanización Covibar, donde el Ayuntamiento de Madrid derribó varias casas que lindaban con el término municipal de Rivas-Vaciamadrid. En esta ocasión no se produjeron incidentes violentos, aunque los vecinos, que se habían organizado desde primera hora de la mañana, no dejaron de increpar a los numerosos antidisturbios que se congregaron en la zona.

El resultado, después de una mañana muy tensa, fue de cuatro edificios derribados, uno de los cuales albergaba a una veintena de familias bolivianas que se quedaron sin casa. Al día siguiente, numerosos vecinos se manifestaron en Cibeles para protestar por la nueva actuación de disciplina urbanística.

De la vía pecuaria a los juzgados
La parroquia de Santo Domingo de la Calzada, situada en la misma Cañada Real, apoyada por la 'iglesia roja' de Vallecas, San Carlos Borromeo —que acogió bajo su techo a varias de las familias perjudicadas por los derribos— denunció al Ayuntamiento de Madrid "por haber actuado sin la correspondiente orden judicial".

Después, fue el núcleo más mísero de toda la vía pecuaria, el Gallinero, el que saltó al primer plano de la actualidad. Después de que la Comunidad negara la existencia de chabolas en la vía pecuaria, las inundaciones que arrasaron parte de la región con la llegada del otoño hicieron estragos en el poblado chabolista, habitado sobre todo por familias gitanas rumanas. Los pocos menores que había escolarizados en ese momento en el poblado se quedaron sin ir a clase, hubo serios riesgos sanitarios, peligro de electrocución y un recrudecimiento de la plaga de ratas que infestaba la zona. La situación se tornó tan grave que los voluntarios de Santo Domingo de la Calzada repartieron ayuda humanitaria a los perjudicados: colchones, comida y material escolar. Todo en vano: a los pocos días, volvió a llover de forma torrencial.

Después de achicar el agua en la zona, el Ayuntamiento y la Consejería de Educación reaccionaron ante la polémica por los menores del poblado y los escolarizaron en el plazo de un mes en un centro especialmente concebido para ellos, gestionado por Cruz Roja.

Destrucción del alcantarillado
El 14 de octubre, cuatro días antes de que se produjera un año de los acontecimientos que en 2007 dieron la vuelta al mundo, volvieron los derribos. Esta vez, el despliegue policial y el factor sorpresa hicieron prácticamente imposible que los vecinos pudieran presentar una resistencia eficaz. Además de varias viviendas, las excavadoras se cebaron con el alcantarillado de la zona, algo que preocupó a los vecinos, que se quejaban de que algo que habían tenido que hacer por su cuenta a pesar de habérselo reclamado a los ayuntamientos quedaba reducido a escombros.

El 25 de noviembre volvió a cundir la alarma por los derribos, cuyos rumores habían llegado a oídos de los vecinos el día anterior. Finalmente, estos consigueron paralizar la demolición anunciada por la vía judicial. Esta habría sido la primera vez que un Ayuntamiento —en este caso el de Rivas-Vaciamadrid— derribase una vivienda ilegal habitada por españoles. Dos días después, varias chabolas deshabitadas del Gallinero fueron también pasto de las excavadoras.