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Fondo de inversión local

jueves 11 de diciembre de 2008, 12:21h

No quiero entrar a valorar las posibles discusiones que se puedan generar entre los alcaldes y los correspondientes delegados del Gobierno, respecto a si tal proyecto cabe o no dentro del Decreto-Ley que regula el Fondo de Inversión Local, pues no olvidemos que la última palabra respecto a lo que es o no financiable la va a tener el Gobierno de España, que para eso es el que paga y que además, ya se ha preocupado en el propio Decreto-Ley, de regular hasta la dimensión mínima que tienen que tener los carteles que nos informen a todos los ciudadanos de qué se está haciendo y gracias a quién se hace.

De lo que no estoy seguro es si para plantear este Decreto-Ley el Gobierno central se ha tomado la molestia de hablar con los empresarios, pues si el objetivo del citado Decreto-Ley es luchar contra el paro, se agradece la intención, pero los medios para conseguir ese objetivo podrían ser menos publicitarios, pero quizás más eficaces.

El problema actual del paro no es conseguir su disminución, sino conseguir que no aumente, o lo que es lo mismo, que los empleados que actualmente tienen trabajo en las empresas lo sigan teniendo y no tengan que ser despedidos porque no se les pueda pagar su salario, bien por falta de financiación, o bien por falta de trabajo.

Imaginémonos una empresa de las que habitualmente colaboran con los ayuntamientos para sus obras y que en este momento, debido a la situación económica, su volumen de trabajo ha disminuido considerablemente.

La situación de muchas de esas empresas es bastante delicada, pues a la falta de actividad se le unen los problemas de tesorería, algunos derivados de las dificultades de los bancos para acceder a la financiación, pero otros debido a la gran demora que, las administraciones en general y los ayuntamientos en particular, tienen para atender los pagos de las obras y servicios que contraten.

Sigamos con esa teórica empresa, ahora resulta que si quiere acceder a realizar alguna de las obras amparada por el citado Decreto-Ley, tiene que demostrar que el trabajo en cuestión lo realizarán personas que estén apuntadas en el paro, lo cual quiere decir que tendrá que contratar a una persona de las listas del paro.

En teoría la idea está muy bien pensada. Una empresa tiene 30 trabajadores, ahora consigue una nueva contratación y, por lo tanto, necesitará 33, o lo que es lo mismo, deberá coger a 3 de las listas del paro, pero por desgracia la teoría y la práctica no siempre van juntas, pues lo que pasa es que como cada día hay menos trabajo, si no consigue esa nueva contratación, no tendrá actividad para los 30 y tendrá que despedir a parte de su actual plantilla.

O sea, con una mano contratamos gente del paro y con otra pasamos gente al paro, pero eso sí, el Gobierno central podrá decir que gracias a su genial idea y su ayuda económica, han salido del paro 200.000 o 300.000 personas.
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