20 millones de hectáreas abandonadas

La Procuraduría Agraria (PA) concretó en 2008 inversiones por mil 137 millones 234 mil pesos en tierra ejidal, y detectó 20 millones de hectáreas abandonadas, que equivalen a 50 por ciento de la superficie agrícola apta para cultivo.

Mediante un comunicado, el titular de la PA, Rosendo Patiño destacó que el suelo detectado representa un potencial de tierra en la que se presenta la oportunidad de impulsar sociedades de inversión entre los dueños y los poseedores del capital.

En cuanto a las inversiones realizadas, explicó que esos recursos fueron destinados para desarrollar proyectos en 14 mil 467 hectáreas, lo que generó beneficios a cinco mil 56 campesinos y sus familias.

Asimismo, se efectuaron mediante la nueva estrategia de producción en tierra ejidal que promueve el organismo a su cargo, a través del programa Fomento a la Inversión Pública y Privada en la propiedad rural (FIPP).

Destacó que "en México tenemos un campo muy rico, pero también un campo mal aprovechado, y es en esa tierra ociosa en donde se insertan los proyectos productivos que derivarán de la aplicación de este programa".

Patiño informó que un primer diagnóstico registra la existencia de cuatro mil 412 núcleos agrarios, con 729 mil campesinos que presentan las condiciones idóneas para recibir inversión pública o privada y desarrollar proyectos agropecuarios, urbanos, industriales, de servicios y turísticos.

A la fecha se han incorporado al FIPP 796 núcleos agrarios de los cuales, 441 presentan vocación para el desarrollo agropecuario; 176, turístico; 95, industrial; 87 equipamiento urbano, 57 infraestructura y 27, servicios.

Entre los proyectos que ya están en marcha se encuentra el proyecto de producción de energía eólica, en el que participan la Comisión Federal de Electricidad, la empresa Eurus y ejidatarios de Oaxaca, con una inversión de 241 millones 689 mil pesos.

Por último, se mencionó que los vínculos que ha desarrollado la PA para el impulso de este programa, incluyen entidades de gobierno, entre las cuales figuran la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Comisión Nacional Forestal (Conafor), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como los gobiernos de Hidalgo y Durango.