Arresto erróneo revela abusos en el combate a la delincuencia

"Me hicieron dormir en el suelo, sin frazada y tenía que orinar ahí mismo, que aguantara lo que me hacían por lo que se supone que yo hice con las otras personas", denunció Rosa Farías al diario  La Nación.

Su caso ha sido la luz de alerta sobre el actuar de las autoridades encargadas de combatir la delincuencia, un tema álgido pues diversas organizaciones de derechos humanos vienen informando sobre los constantes abusos policiales. Los casos más recurrentes son los vinculados a grupos indígenas y jóvenes.

Rosa del Carmen Farías Barrera (25), detalló a los medios los abusos que se cometidos en su contra, tras ser arrestada por el OS-9 de Carabineros en cumplimiento de una orden de la Fiscalía Oriente. La joven, embarazada y madre de un hijo, fue expuesta a la prensa y debió soportar durante dos días las vejaciones a las que fue sometida por la autoridad policial en la 18º Comisaría de Ñuñoa, mientras esperaba ser formalizada por tres asaltos y sindicada como líder de una banda que actuaba en el sector oriente de la capital.

La Fiscalía ordenó el arresto luego de que diversos testigos la identificaron en una rueda de imputados. "Apenas vi a la detenida la reconocí de inmediato. Es la prepotente que intimidó con un arma a mi señora, la amarró y tiró sobre una cama", declaró el 27 de diciembre del año pasado el coronel (R) Raúl Humberto Riffo Valdés (59) quien fue asaltado junto a su familia por cuatro delincuentes armados en  el interior de su hogar.

A pesar de que Rosa Farías no tiene antecedentes penales, ni existían evidencias concretas en su contra, a la Fiscalía le bastó la afirmación de los afectados. El mismo día de la notificación, fue liberada al comprobarse su inocencia. Pero joven ya había pasado detenida dos infernales días.

La autoridad explicó que se trató de "una confusión", porque la verdadera imputada "también era una mujer embarazada, con características físicas que la hacen perfectamente confundible", dijo Mario Schilling, vocero de la Fiscalía Oriente.

Pero con su denuncia, Rosa Farías va al fondo del asunto: maltrato, presión indebida para obtener confesión, ineficiencia investigativa y humillación pública. "Ese carabinero que atestigua que lo apunté con la pistola, que le puse un collar en el cuello, yo quiero que él me pague a mí todo el daño que me hizo en la tele, del perjuicio como persona (...) yo voy a pedir que toda esa gente que me estaba apuntando con el dedo, voy a pedir que me pidan perdón públicamente. Ahora nosotros vamos a conseguir un abogado y de alguna manera toda la familia se va a reunir y nos vamos a querellar contra ellos", dijo.

Pero la respuesta del presidente de la Asociación de Fiscales, Marcelo Leiva, deslinda responsabilidades. "Las investigaciones las materializan las policías; el fiscal lo que hace es recabar la información entregada en las diligencias realizadas por oficiales de Carabineros. Los fiscales confían ciegamente en lo que la policía dice y todo el sistema se basa en esa confianza", dijo Leiva.

Algo semejante señaló el Subsecretario del Interior, Patricio Rosende, al explicar el error por el exceso de trabajo: "Con la gran cantidad de trabajo que tiene la Fiscalía siempre está la posibilidad de un error. Lo importante es cada vez cometer menos errores y atrapar más a los delincuentes y no a los inocentes".

Las acusaciones cruzadas de las instituciones involucradas, parecen más una cortina de humo frente a lo que ha testimoniado Rosa Farías, el abuso de poder que se comete a la hora de combatir la delincuencia. De allí que el caso ponga en entredicho los procedimientos y protocolos que emplean las instituciones responsables el orden público. Un tema que para muchos, ya es una cuestión de derechos humanos.