Santos Ramirez a la cárcel de San Pedro

Ramírez enfrenta acusaciones por cinco delitos, cuya pena máxima es de ocho años de cárcel. Los delitos de los que se sindica a Ramírez son conducta antieconómica, penado con uno a seis años de reclusión; uso indebido de influencias, dos a ocho años; contratos lesivos al Estado, uno a cinco años; incumplimiento de deberes, un mes a dos años, y cohecho pasivo, do a seis años.

La economía jurídica nacional no acumula las penas, por lo que el sentenciado las cumple en forma paralela.

La juez Marcela Siles consideró que hay elementos suficientes que permiten establecer que Ramírez influenciará en los testigos y sindicados que deben declarar sobre los malos manejos que hubo en la contratación de la empresa Catler-Uniservice para la implementación de una planta de líquidos en Río Grande.

Aunque el fiscal Edwin Sarmiento aseguró que no existe riesgo de fuga porque el acusado se presentó a declarar en cuanto fue convocado, dijo que las otras acusaciones son las que pesan para justificar la detención preventiva de Ramírez.

En un extenso alegato, el Ministerio Público describió paso a paso la formación de la empresa internacional y los pasos que se dieron dentro de YPFB para beneficiar a esta empresa. El fiscal Edward Mollinedo dijo que la empresa Catler se dedicaba a los empréstitos financieros y no a la actividad petrolera. Uniservice apenas tiene un capital de Bs 20.800 y no en el sector petrolero.

A pesar de la resistencia de la defensa, Mollinedo explicó que la sociedad accidental Catler-Uniservice nace en Panamá el 8 de julio de 2008 y en sus documentos de constitución hacen figurar un capital de un millón de dólares; la Fiscalía cree que Ramírez sabía de todos estos pasos porque un mes antes, el 5 de junio, participaron en una reunión sobre la adjudicación de la planta Mario Cossío Galem y el abogado Julio Salazar en la estatal petrolera y los dos participan a nombre de Catler-Uniservice cuando el consorcio aún no existía. Los trámites para formar de la firma estuvieron a cargo de Salazar, quien reveló que por este trabajo cobró cinco mil dólares a Agustín Melano, Miguel O’Connor y Mario Cossío Galem, responsables de la sociedad accidental.

Pero existen otras irregularidades que vinculan al ex Presidente de YPFB. El 11 de julio aparece un memorándum con la firma de Santos Ramírez en la que se convoca a “algunos funcionarios” para la reunión de concertación.

Para ello incluso envió memorándos de ascenso a algunos jefes de unidad, quienes accedieron a gerencias de la empresa para que puedan integrar la comisión calificadora.

Otro de los designados de forma inmediata fue Julio Anagua, detenido el 2 de febrero cuando intentaba destruir documentos y encendía su computador.

Los cinco integrantes de esta comisión, Julio Anagua, Daniel Álvarez, Javier Guzmán, Diego Argandoña y Esther Carmona, eran de confianza de Santos y se “autodesignaron” el 9 de julio, quienes ahora son investigados.

Mollinedo dijo que no se cumplieron los requisitos exigidos por las normas y Ramírez firmó cuatro adendas al contrato para beneficiar a la empresa.

No firmó documentos sobre la supervisión de las obras, no había certificado de garantía y tampoco un calendario de operaciones; cuando Ramírez fue consultado por la Fiscalía sobre estas anomalías y el por qué no había supervisores, dijo que la empresa no tenía presupuesto, aunque firmó con un contrato de $us 86,351 millones con la mencionada finalidad.

Y por eso, añadió Ramírez, se contrataron “fiscales de obras” pero éstos emitieron un informe a favor de Catler-Uniservice y facilitaron el pago del dinero, que autorizó el Ministerio de Hacienda el 2 de septiembre.

El monto desembolsado es de $us 45 millones; de este monto, 35 millones eran para la empresa estadounidense Gulsby y 10 millones al consorcio Catler-Uniservice.

“Es un chivo expiatorio”

Víctor Borda, miembro del foro potosino y que parece ser el director del grupo de abogados de Santos Ramírez, señaló nuevamente que detrás de esta determinación hay “una ingerencia política, pero no voy a mencionar su origen ”, aunque dijo que su cliente es un “chivo expiatorio”.

Albo Lacaze lamentó la decisión de la juez Marcela Siles, pero anunció que después de evaluar el caso, se presentará un recurso para dejar sin efecto la detención preventiva de su cliente en la cárcel.

Otro asesor legal de Ramírez, José Luis Paredes Oblitas, anunció que el equipo de juristas que asesora a la ex autoridad, estudiará la determinación judicial en procura de lograr la libertad de su defendido.

Franz Avilés, quien había participado en las declaraciones ante la Fiscalía, junto con el otrora hombre fuerte del Movimiento al Socialismo (MAS), se ubicó entre el público y no junto con Ramírez. Avilés fue contratado por los ex funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). contra quienes se amplió la demanda judicial, por lo que se encuentran bajo investigación.

Cronología

12/03: Catler International se forma en Houston, EEUU, con un capital de 10.000 dólares.

12/03: La firma, cuyo principal ejecutivo es Agustín Melano, concede préstamos.

06/01/2006: En Tarija se constituye Uniservice de los socios Jorge y Miguel O’Connor.

06/01/2006: El balance de apertura muestra un capital de 20.800 boliviano.

15/11/06: Miguel O’Connor D’Arlach rec ibe un poder para administrar la empresa.

01/04/08: Santos Ramírez es autorizado a buscar un contratista para la planta de Río Grande.

21/05/08: YPFB invita a cuatro petroleras a participar en ese proceso.

27/05/08: Catler International participa con YPFB en una reunión aclaratoria sobre el pliego.

25/06/08: Julio Salazar participa en otra reunión como delegado de Catler-Uniservice.

30/06/08: Santos Ramírez forma la comisión calificadora de la licitación.

05/06/2008: Julio Salazar y Mario Cossío Galem representan al consorcio ante YPFB.

08/06/08: En Panamá se expide un registro de Catler con capital de $us 1.000.000.

08/06/08: Ese documento es presentado a YPFB para crear convicción de Catler.

08/07/08: Tres días antes de firmar contrato con YPFB, se forma Catler-Uniservice.

10/07/08: Santos Ramírez participa en la concertación con representantes de Catler.

11/07/08: Media hora antes de firmar contrato, se protocoliza la sociedad accidental.

11/07/08: Santos Ramírez dicta la resolución para adjudicar la obra a Catler-Uniservice.

11/07/08: Se forma una comisión de concertación, aunque el memorándum no es firmado.

11/07/08: Santos Ramírez aprueba la firma del contrato entre YPFB y Catler-Uniservice.

14/07/08: Ramírez, Melano y Miguel O’Connor participan en un acto público de firma.

07/08/08: Fenece el plazo para que Catler-Uniservice presente sus garantías. No lo hace.

02/09/08: Hacienda deposita en el Banco Unión un fideicomiso de $us 45.000.000.

02/12/08: Catler-Uniservice recibe un primer pago de 1,65 millones de dólares.

02/12/08: Jorge O’Connor abre dos cuentas en ese banco, una en dólares y otra en bolivianos.

03/12/08: Jorge O’Connor recoge 580.000 dólares sin haberse iniciado las obras.

03/12/08: Gloria Miranda, una particular, retira 99.000 dólares para el pago de un seguro.

03/12/08: A las 12.04, Jorge O’Connor retira 100.000 dólares para el inicio de las obras.

03/12/08: Fernando Córdoba recoge 110.000 dólares para la compra de tuberías.

03/12/08: Mario Cossío Galem hace otro retiro para equipamiento, hidrocarburos y autos.

03/12/08: Jorge O’Connor pasa $us 200.000 de su cuenta en dólares a bolivianos.

04/12/08: El empresario Jorge O’Connor retira otros 939.000 dólares.

14/11/09: Se hace un segundo pago de 1,65 millones de dólares a Catler-Uniservice.

15/01/09: Mario Cossío Galem retira 55.000 dólares de ese pago.

15/01/09: Gloria Paola Miranda cobra 78.000 dólares de esa cuenta.

15/01/09: Luis Fernando Córdoba saca 20.000 dólares de ese pago.

27/01/08: O’Connor, Cossío Galem y Córdoba retiran 450.000 dólares de esa cuenta.

REPERCUSIONES

Iván Canelas

Portavoz gubernamental

“El Gobierno no va a permitir un sólo acto de corrupción sea del oficialismo o de la oposición. Ésta es una clara muestra de que, al margen de que se trate de cualquier persona, el Gobierno y el presidente Evo Morales van a exigir y demandar las más drásticas sanciones contra aquellos que hayan caído en el mal, en el delito, de la corrupción. Si alguien del oficialismo ha incurrido en actos de corrupción, es un traidor y también debe ir a la cárcel”.

Ricardo Díaz

Senador del MAS

“Ésta es una muestra de que no hay inmolaciones concertadas ni nada parecido en el Gobierno. Es una muestra clara de la posición que tenemos en el Gobierno: definiciones que nunca hubo antes en temas de esta naturaleza. Hay una definición clara del Gobierno y del Presidente, que muestra también una decisión de investigar a fondo absolutamente todos los temas oscuros en este país. Santos Ramírez no tuvo protección del Gobierno, no hubo complicidad y será recluido en la cárcel.”.

Fidel Herrera

Concejal de Sucre

“Esperemos que se llegue hasta lo último en el esclarecimiento y se dé con todos los autores intelectuales y materiales de los hechos de los que se acusa a Santos Ramírez y a otras personas en relación con las irregularidades en Yacimientos, pero consideramos que existe complicidad en quienes viabilizan mecanismos legales que dan paso, en cualquier institución del Estado, para que no se ingresar en los marcos formales de las licitaciones”.

Lourdes Millares

Diputada de Podemos

“En un Estado de derecho se tienen que cumplir las normas y, en este caso, el Ministerio Público en defensa de los intereses del Estado y de la sociedad, hizo la fundamentación ante las pruebas que han sido acumuladas como parte del proceso de investigación. Por supuesto que quienes administran la justicia han actuado en el marco de lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal. Se está cumpliendo la ley”.

Peter Maldonado

Diputado de Unidad Nacional

“La detención de Santos Ramírez en el penal de San Pedro, dispuesta por una juez, es una señal positiva en la lucha contra la corrupción, como es destacable la decisión gubernamental de investigar el caso hasta lograr su total esclarecimiento. Esperemos que se aclare todo y que no queden cosas poco claras cuando concluya la labor de la justicia. Ésta es una medida acertada que le hace bien a la administración pública, porque de ahora en adelante, los pillos que quieran hacer negocios tendrán que pensarlo mucho”.

Gabriel Dabdoub

Presidente de la Confederación de Empresarios Privados

“La detención de Santos Ramírez es una demostración de que el Gobierno pretende luchar contra la corrupción, por lo que corresponde apoyar el gesto del Presidente de la República, que ordenó escarbar hasta el fondo el daño económico que se hizo al país con este hecho. Pero no sólo debe investigarse este hecho, sino que todas las denuncias que surgieron en el último tiempo deben ser objeto de indagación para que no queden dudas acerca de la voluntad de enfrentar la corrupción”.

Carlos Daboub

Secretario de Autonomía de Santa Cruz

“La corrupción es tan grande en el país que hasta el segundo hombre del Movimiento al Socialismo se ve obligado a guardar detención en la cárcel. El tema es tan complejo que no pudo ser escondido ni tapado. Esperamos que las investigaciones lleguen verdaderamente al fondo del asunto y todo quede esclarecido, para que todos los que resulten culpables de las irregularidades reciban las sanciones que merecen y se recupere el daño económico inferido al Estado de esta manera”.

La sesión se desarrolló en el quinto piso de la Corte Superior y no en el Juzgado Décimo de Instrucción Penal.

El contrato no tiene calendario de ope-raciones y la empresa no dio un certificado de garantía.