Estados Unidos y los ambiguos problemas del estatismo

Franco Gamboa Rocabado

Estados Unidos y los ambiguos problemas del estatismo

25-02-2009 La reciente aprobación del paquete de estímulo económico que el presidente de Estados Unidos Barack Obama logró en el Congreso, es un triunfo personal y el primer paso decisivo para solucionar la profunda crisis económica. Se trata de 787 mil millones de dólares, una cifra inimaginable desde el punto de vista de la teoría de libre mercado pero un monto real que tiene el propósito específico de generar fuentes de empleo, invertir en infraestructura, viabilizar redes de protección social mediante proyectos de salud y educación, así como establecer las señales más fuertes sobre el regreso de un control estatal riguroso que gobierne los destinos de la estructura financiera en Wall Street.

Estas medidas fueron intensamente discutidas durante la campaña electoral y Obama logró convencer a la gran mayoría que el regreso del Estado a los patrones de planificación, regulación y vigilancia política en los sectores estratégicos de la economía y la seguridad social, sintonizaba muy bien con las expectativas de millones de ciudadanos que no solamente habían perdido sus trabajos, sino que buscaban desesperadamente retomar la confianza en la política. Si bien la sociedad estadounidense siempre defendió la iniciativa privada y la libertad económica para impulsar todo tipo de inversiones, también se dio cuenta de que la economía es el reino de la “desigualdad estructural”.

El regreso del estatismo, sin embargo, es un proceso todavía ambiguo porque las medidas económicas no responden aún a la otra crisis de valores democráticos con que el Estado tropezó al declarar la guerra contra el terrorismo; esta crisis se expresa en el abuso político y la interpretación arbitraria de la diplomacia preventiva o anticipatoria (preemptive diplomacy), que en el fondo significaba adelantarse a las estrategias del enemigo a costa de diseminar prejuicios y estereotipos sobre las culturas y los países diferentes, a los cuales se identificaba como interlocutores inferiores a la luz de una política exterior dominante y militarmente efectiva.

El ex presidente George W. Bush y sus principales asesores desencadenaron la crisis económica de gastos irracionales en Irak y Afganistán, fomentando la violación sistemática de los derechos humanos en Abu Ghraib y Guantánamo con los prisioneros acusados de pertenecer a la red terrorista Al Qaeda; estas decisiones fortalecieron un intervencionismo estatal utilizando la violencia sin restricciones para aplastar el debido proceso legal, los derechos a la privacidad e impulsar la exacerbación de un nacionalismo que se tradujo en un “Estado demasiado fuerte”, inclusive corriendo el riesgo de perder equilibrios políticos al otorgarse poderes excesivos al presidencialismo.

En el otro lado de la medalla, las grandes instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) no emitieron ningún criterio digno de reconocimiento frente a las erráticas políticas dispendiosas, la ineficiencia competitiva de la economía y la corrupción galopante de los millonarios insensatos de Wall Street.

Ahora, con el paquete económico de Obama aquellas instituciones tampoco expresan absolutamente nada meritorio. Si hubieran sido consistentes con las políticas de desarrollo internacional, el FMI y el BM debieron haber recomendado más despidos, es decir, el cierre de la industria automotriz en Estados Unidos que no es lo suficientemente competitiva en el mundo y la reducción de los gastos del Estado, sobre todo en el presupuesto militar para definir una reforma estatal de carácter estructural; es decir, adaptada a una restricción todavía mayor de las atribuciones políticas del Estado en la salud y educación, por lo menos hasta retomar un control eficiente que permita reinstalar las iniciativas del mercado. Esto no sucedió ni sucederá porque Obama prefirió otra lógica política: actuar de inmediato, en contra de los dogmas económicos de mercado y fiel a las esperanzas de la sociedad civil que exigen mayor protección estatal.

La intervención estatal de Obama fue para evitar una hecatombe social y se convirtió en una decisión crucial con la finalidad de “reconstruir el liderazgo presidencial”, el cual también pueda recobrar respeto y mayor legitimidad como el eje de una estructura democrática que se preocupe por el bienestar igualitario de todos los ciudadanos.

El problema es que Obama todavía no ha repuesto la confianza de la ciudadanía sobre los valores universales de la democracia como el respeto de las libertades, un proceso judicial abierto y racional para cualquier persona, incluso para aquellos acusados de ser terroristas. La intervención económica con 787 mil millones de dólares debe, necesariamente, complementarse con un agresivo compromiso con la democracia de equilibrio de poderes y de protección para el impulso de la igualdad en la distribución de la riqueza.

Reducir la ambigüedad  en el regreso del estatismo que ejecutó Obama, simultáneamente implica una determinación para transmitir a la comunidad mundial la imagen de otro Estados Unidos, también interesado por fomentar el comercio justo y una racionalidad donde definitivamente puedan refundarse el FMI y el BM, que hasta ahora fueron derrotadas por Obama en el terreno específico de las soluciones heterodoxas y, ciertamente, más humanas.

Franco Gamboa Rocabado, sociólogo político, miembro de Yale World Fellows, [email protected]