El ex presidente Alberto Fujimori exige pruebas en su contra

El ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) retó hoy al Ministerio Público a presentar las pruebas respecto a que él dio las órdenes para que el grupo paramilitar Colina asesinara a 25 personas en 1991 y 1992.

"¿Y dónde están las pruebas?", preguntó Fujimori, al comparecer este viernes ante un tribunal que lo juzga y donde reiteró que es inocente.

El ex mandatario dijo que no se arrepiente de la estrategia antiterrorista implementada por su gobierno, aunque enfatizó que nunca instruyó a un grupo paramilitar para que ejecutara personas.

"Pruebe que el destacamento Colina operó bajo mis órdenes", le exigió Fujimori al fiscal adjunto Avelino Guillén, presente en la Sala de Audiencias ubicada en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, en la zona este de Lima.

"Su afirmación -le dijo Fujimori a Guillén- no tiene sustento. ¿Con qué pruebas se me acusa?, por lo menos muestre un indicio; se han dicho tantas cosas a la ligera", reclamó el ex gobernante peruano acusado de cometer delitos de lesa humanidad.

Fujimori aclaró que cuando dijo en un discurso que iba a "eliminar" al terrorismo no significaba que estaba dando una orden para matar de manera selectiva.

"Lo dije para infundir confianza y tranquilidad a la población, luego de que Sendero (Luminoso) hiciera detonar un coche bomba en el distrito de Miraflores", recordó el ex jefe de Estado.

Apuntó que, sin decisión, el terrorismo habría decidido el destino de Perú y habría vencido al Estado durante su administración.

"Lo que hubo en mi gobierno, a diferencia de otros de la década de los 80 (Fernando Belaunde Terry entre 1980 y 1985 y Alan García Pérez entre 1985 y 1990), fue liderazgo político", recalcó el ex gobernante.

Fujimori dijo que él tomó la decisión política de eliminar los atentados con coches-bomba y los arteros ataques contra objetivos del Estado, tras lo cual comentó que, en esa línea, ejerció su capacidad de decisión.

"¿El fiscal adjunto (Avelino) Guillén ha probado mi nexo con el grupo Colina?, ¿ha probado que dí las órdenes para ejecutar las matanzas? íNo ha probado nada!", arremetió Fujimori al señalar que existe un ‘odio visceral’ en su contra.

El ex mandatario enfatizó que en ningún nivel se le informó de la existencia del grupo Colina y lamentó que, como parte de la acusación, se utilice el "Manual de Infantería de Ejército" de 1984, cuando él ni siquiera pensaba en llegar a la Presidencia.

Aseguró que hay una "línea zigzagueante y grotesca" de parte de sus acusadores y comentó que quienes nada hicieron frente al avance del terrorismo en la década de los años 80 ahora lo denuncian.

"Más allá de la sentencia, yo podré dormir tranquilo porque cuando Perú me lo pidió yo estuve allí. ¿Por qué Fernando Belaúnde Terry y Alan García son inocentes cuando en sus gobiernos se cometieron violaciones a los derechos humanos?", preguntó.

Fujimori aseveró que los razonamientos del Ministerio Público en su contra lindan con la irracionalidad e insistió que no tiene sustento la acusación de la Fiscalía Suprema respecto que el grupo Colina operó bajo sus órdenes.

"Hay un juego de palabras malintencionadas, que destilan odio y un ánimo de venganza", consideró el ex gobernante, de 69 años, tras lo cual acotó que ni a la Fiscalía ni a la parte civil acusadora les asiste la razón.

Afirmó que "son sólo chismes y rumores, planes sin firma, dichos de testigos que están vivos y, sin embargo, no fueron citados por la Fiscalía, pruebas fabricadas para el proceso con vídeos de periodistas antifujimoristas".

Reiteró que las más de 500 pruebas presentadas en su contra por la Fiscalía y los abogados de la parte civil no lo incriminan en violaciones de los derechos humanos.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema procesa a Fujimori por las matanzas en Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) y por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, ocurridos tras el golpe de Estado del 5 de abril de 1992.

La masacre de Barrios Altos ocurrió en diciembre de 1991 y fueron asesinadas 15 personas, mientras que en La Cantuta, en julio de 1992, murieron nueve alumnos y un profesor universitario en manos de agentes del Estado.