¡No disparéis, que podéis herir a alguien!

El protocolo de actuación de las tropas españolas contra los piratas somalíes es tan estricto que sólo pueden tirar a matar cuando peligre la vida de los rehenes. Se trata de una hipótesis tan indemostrable que sólo se podría verificar cuando los secuestrados  hubiesen sido asesinados.

Es verdad que la piratería en el Océano Índico, como dice el secretario de la ONU, Ban Ki-moom,  tiene su raíz última en la miseria de la población de Somalia y en el fantasmagórico Estado sin poder que encabeza Shaif Sheik Ahmed. Éste acaba de obtener 192 millones de euros de ayuda internacional para parchear la situación, una cantidad no mucho mayor de la que llevan recaudada por la brava los piratas de su país, única industria nacional que de verdad funciona.

Pero también es cierto que mantener una fragata en Mombasa, 15 marines en el petrolero Marqués de la Ensenada y un avión P3 Orión obliga al Gobierno español a intervenir, no sólo para evitar que se realice un secuestro, sino para rescatar a quienes por desgracia lo padezcan. Claro que resulta mucho más cómodo y menos comprometido pagar sin rechistar a los delincuentes, como pasó hace un año cuando fue capturado el pesquero Playa de Bakio. Lo malo de semejante concesión es que anima a los criminales a volver a perpetrar con impunidad un nuevo secuestro.

Tanto miramiento en el uso de la fuerza no es sino un episodio más de ese buenismo que practica con esmero la ministra Carme Chacón, quien confunde nuestras fuerzas armadas con una ONG tipo Médicos Mundi. No es el caso de los gobiernos de India y China, o de los más próximos de Francia y Estados Unidos, que han intervenido militarmente contra los piratas sin cortarse un pelo. De no haberse hecho así, el capitán norteamericano Richard Phillips, en vez de haber sido liberado, probablemente habría encontrado la muerte.

¿Qué hacer, pues, ante la docena larga de barcos secuestrados, con unos 200 tripulantes a bordo? Por supuesto que hay que ser prudentes en el recurso a la fuerza, para no crear más daño que el que se pretende remediar. Me temo, sin embargo, que en el caso español se esté condicionando psicológicamente a nuestros soldados para que, en caso de duda, opten por la inhibición. ¿Se imaginan que, como consecuencia de una intervención amada, algún secuestrador resultase muerto y se dictaminase a posteriori que el uso de la violencia había sido desproporcionado? Podría caérsele el pelo a quien la hubiese practicado, así que lo más prudente sería mirar hacia otro lado.

La generalización de esa hipotética conducta podría ser desmovilizadora de nuestro ejército, tan competente y profesional como el que más y que ni siquiera podrá exhibir su potencial en el Día de las Fuerzas Armadas, que este año se celebrará casi de tapadillo so pretexto de la socorrida crisis económica.