“Tenemos una posición de amistad con el Gobierno venezolano y esta decisión no alterará las relaciones con ese país”, afirmó García en la ciudad brasileña de Río Branco (noroeste), en una rueda de prensa tras el encuentro que mantuvo con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
“Nosotros tenemos una posición de amistad con el gobierno venezolano, es un gobierno sudamericano nacido de las urnas del que nadie puede negar su carácter popular y por consiguiente no queremos que ninguna circunstancia ni peripecia pueda alterar nuestra buena relación con Venezuela”, dijo García.
El mandatario peruano recalcó que “la primera obligación” de un Gobierno es “generarle protección a quien se sienta amenazado”, motivo por el que accedió a conceder el asilo al líder opositor venezolano.
García consideró que se puede cumplir con esta obligación “sin que suponga un problema”.
El alcalde de Maracaibo viajó a Perú la semana pasada como turista y días después solicitó asilo político puesto que considera que los cargos que pesan en su contra en Venezuela tienen motivación política.
El canciller venezolano, Nicolás Maduro, exigió el lunes a Lima que “capture y devuelva” a Rosales.
García dijo que ante la presencia “de un ciudadano venezolano que llega al Perú (y) que se considera amenazado, el primer deber de un país democrático es prestarle protección”.
El jefe del gabinete peruano, Yehude Simon, expresó el martes que Perú respeta “profundamente” al gobierno de Chávez, y negó que detrás de la medida existan ni “posiciones ideológicas ni mensajes en contra de Venezuela”.
“Haremos todos los esfuerzos para que se entienda el significado de la tradición de Perú, en este caso de haber dado un asilo a una persona que lo solicitó”, dijo Simon en declaraciones a reporteros.
Venezuela, quien el lunes llamó a consultas a su embajador en Lima Armando Laguna, consideró “una burla contra el derecho internacional, un duro golpe a la lucha contra la corrupción y un agravio contra el pueblo de Venezuela”, la concesión de asilo a Rosales a pesar del “cúmulo de pruebas” contra él enviados a Lima por las autoridades venezolanas.
El gobierno de García también asiló al ex dirigente sindical venezolano Carlos Ortega y Eduardo Lapi, ex gobernador del estado venezolano de Yaracuy.
Las relaciones con Venezuela han sido normales en los últimos años, no obstante el cruce de acusaciones entre García y Chávez en 2006, cuando el primero era candidato presidencial.
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