El espinoso divorcio de Lydia Bosch

   Dice una abogada amiga que en los procesos de separación las parejas empiezan peleándose por la custodia de los hijos y acaban matándose por el equipo de música. No es el caso de Lydia Bosch y de Alberto Martín, su marido, aunque tal y como están las cosas entre la famosa pareja es muy posible que en el trasfondo de su divorcio no se pueda obviar el dinero que el arquitecto tendría que pasar mensualmente a la actriz. Unos 21.000 euros, y la mitad de la residencia en la que viven, que algunos han tasado, a la baja, en unos tres millones de euros, ya que se encuentra en una de las zonas más residenciales y elitistas de Madrid.

   Sin embargo, siendo el dinero un capitulo importante en esta historia, lo que verdaderamente ha hecho saltar las alarmas ha sido la denuncia que Lydia interpuso contra su todavía marido por supuestos abusos a una menor, con petición de orden de alejamiento, lo que motivó que Alberto fuese detenido por la policía a las puertas de su casa cuando regresaba de jugar al tenis. Tras una noche en los calabozos de la comisaría de Pozuelo de Alarcón y después de prestar declaración ante la jueza encargada del caso, Alberto Martín quedó en libertad, sin medidas cautelares, y lo que es más sorprendente habiéndosele denegado a la actriz, la orden de alejamiento que reclamaba en calidad de tutora de la menor.

   Hasta aquí los hechos, a partir de ahí comenzó una guerra de comunicados tanto por parte de Lydia como de Alberto, que no hacen más que atizar un fuego que se va extendiendo y que acabará por abrasar a todos los contendientes de esta sórdida batalla, que no dejaría de ser una más si no fuera porque en el centro de la misma se encuentra una joven de 17 años, en la que nadie parece pensar en estos momentos pero que será sin duda la que peor parada salga de todo este enredo.

   Dicen, vete tú a saber si es verdad, que Lydia no sabía nada de los presuntos abusos, hasta que empezaron las disputas por el convenio regulador. Y que fue entonces cuando la niña le confesó a su madre lo que había pasado cinco años atrás, que prefiero no reproducir por respeto a los derechos de la menor, y porque cada uno cuenta la historia a su manera. Derechos que no han tenido en cuenta quienes han filtrado la noticia a los medios, ni tampoco los abogados de las partes en litigio -Lydia, Alberto y Miky Molina, padre biológico de la menor-, que son los que han puesto el foco de atención en una historia, nada clara hasta el momento, y en la que en mi opinión todos son culpables y damnificados. Con la filtración, lo único que han conseguido es que germine el virus de la desconfianza. No quisiera estar yo en la piel de ninguno de los protagonistas de esta historia, nada hay más demoledor que sentirte centro de todas las miradas, de todas las conversaciones, de todas las sospechas.

   Ahora bien, con independencia de lo que ocurra en adelante, de lo que dictamine la jueza, una cosa sí debería primar en los procesos de divorcio: la no utilización de los hijos para vengarse de la otra parte, ya que acaban siendo las víctimas de una situación que no han buscado. También a los abogados habría que pedirles responsabilidades y que pusieran en práctica un código ético que les impida manipular a sus clientes, en momentos en que lo que prima no es la razón sino el odio y el resentimiento. Y a los jueces que mantengan la cabeza fría y se olviden del sexo de los contendientes, tal y como ha hecho la jueza de Pozuelo de Alarcón, no vaya a ser que por proteger a unos se castigue a un inocente.