Una víctima provoca a los islamistas con una caricatura de Mahoma

  Esta persona siguió parte del juicio sentada en primera fila junto al habitáculo desde el que los acusados siguen la vista y abandonó la sala aproxidamadamente media hora después del inicio de la sesión de hoy.

  La mujer, perteneciente a la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, que preside Pilar Manjón, fue atendida por psicólogos después de ser identificada.

  La solicitud de identificación se realizó al considerar que portar dibujos o mensajes de este tipo puede perturbar el normal desarrollo del juicio, a pesar de que la exhibición de estas camisetas sea completamente libre en otros ámbitos, indicaron fuentes jurídicas.

  De hecho, la solicitud se produjo únicamente cuando la víctima abandonó la sala voluntariamente como mera comprobación. La policía verificó además que esta persona no exhibía ningún mensaje adicional al dibujo que pudiera haber mostrado a los acusados.

  La miembro de la asociación de Manjón, que sigue habitualmente las sesiones del juicio, se mostró muy afectada tras estos sucesos y fue conducida a la sala especial habilitada para las víctimas.


El director de seguridad de Amena afirma el día 12 localizaron una tarjeta sospechosa en Morata de Tajuña

   El director de Seguridad de Amena durante los atentados del 11-M José Domingo Río, afirmó hoy ante el tribunal que su equipo --que actuó siempre bajo mandato judicial-- localizó el día 12 de marzo de 2004 una tarjeta con el número 652 28 29 73, que había sido utilizada en la localidad de Morata de Tajuña a las nueve de la noche y precisó que la policía supo el comercio en el que había sido vendida a las dos de la tarde de ese mismo día.

   A su vez, concretó que ordenó guardar todos los datos de la terminal mencionada para lograr detallar el registro telefónico en ésta zona en las últimas 72 horas. Así, precisó que estas medidas se tomaron por orden de la policía e indicó que recibió varios mandatos entre los días 12 y 13 de marzo destinados a localizar el número y a conservar los datos obtenidos.

  Además, detalló que el 12 de marzo recibió un requerimiento judicial relacionado con la información y el tráfico telefónico de las tarjetas utilizadas en la zona "BTS" de Morata de Tajuña y que el 13 le realizaron otra indicación para guardar los datos y proporcionárselos a la autoridad pertinente. Relató que sobre las 18.00 horas recibió la comunicación ya que se tenía un límite de 72 horas para recuperar los datos y que a las 10.00 horas un Inspector de la Brigada Central de Información le indicó que investigara ese número de tarjeta concreto.

  Indicó que tras la comunicación con el responsable de la Unidad Central de Información (UCI) del que recibió la orden y después de recibir el oficio judicial pertinente, proporcionó la información que "preventivamente" había recabado, según el testigo, al ser el "sistema de funcionamiento que tenemos con la autoridad judicial en caso de atentado terrorista".

   Durante su comparecencia precisó que la información que permitió localizar las tarjetas se obtuvo a las 14.00 horas del 12 de marzo y que se informó a la Policía a las 16.00 horas. Indicó que el 'back up' --rastreo del registro y movimiento de la tarjeta telefónica-- no puede precisar la hora exacta en la que se registró la tarjeta en la terminal telefónica, y matizó que solamente puede detallar el día en que se produce.

  También precisó que del conjunto de 30 tarjetas que incluían el paquete en la que se hallaba la tarjeta que se localizó en la terminal de Morata de Tajuña, se perdió información en seis o siete casos, ya que no se pudo determinar la antena en las que se activaron, aunque apuntó a la posibilidad de que se hubiera registrado antes y por tanto sobrepasaran las 72 horas disponibles para rescatar la información de una tarjeta que ha sido únicamente "registrada" --o expendida--, es decir, en la que se ha introducido simplemente el código pin de acceso, sin efectuar tráfico telefónico.

  El responsable de seguridad de Amena precisó que a las 13.30 horas del día 12 de marzo del 2004 las gestiones de información para localizar la tarjeta determinaron que ésta se vendió en la empresa Shindu Enterprise, y que los datos para realizar esta averiguación los proporcionó el mayorista Uritel 2000.

  Con el dato concreto de la zona en la que se vendió la tarjeta, el equipo de seguridad de la compañía comenzó a intentar determinar el lugar donde se activó. En este sentido, Domingo Río explicó que esa localización fue "muy difícil" 'porque no se hallaba dicho número en las antenas telefónicas con las que opera Amena.

  Con el código de identificación del número (Emay), indicó el testigo, se realiza un nuevo registro que concreta que dicha tarjeta no está activada pero se ha introducido del código PIN. El director de seguridad de Amena, al conocer que este tipo de información sólo podía ser accesible en un periodo de 72 horas a partir del primer registro, ordena que se guarde toda la información de la terminal BTS de Morata de Tajuña, ignorando si existían más tarjetas telefónicas sospechosas.

  Posteriormente, el testigo precisó que esa tarjeta se vendió dentro de un 'pack' de otras 30 unidades. Lograron precisar que 15 estaban "activadas" mientras que las otras 15 tenían la condición de "expendidas". Por ello, dijo, comunicó a la Policía que necesitaba un oficio judicial para analizar los datos que las que constaban como expedidas, al "tener en cuenta" que éstas podrían encontrarse en la misma situación de la tarjeta de Morata.

  A preguntas de las defensas particulares, el director de seguridad afirmó que el registro en la terminal depende de la saturación de la antena, y que por lo tanto, si la BTS de Morata de Tajuña registraba mucha actividad, la tarjeta accedía a la más próxima, indicando que la más cercana era la situada en la localidad madrileña de Chinchón.


"Nayo" contó que Toro intentó realizar un intercambio de explosivos con ETA, según un testigo

   Un testigo protegido, que concidió con José Ignacio Fernández Díaz, alias "Nayo", colaborador de los acusados José Emilio Suarez Trashorras y su ex cuñado Antonio Toro, en la prisión de Villabona de 2002 a 2003, indicó hoy ante el tribunal del 11-M que éste le contó que Toro intentó realizar un intercambio de explosivos con la banda terrorista ETA en un club de Gijón.

  El testigo, con el que el tribunal abrió los testimonios relacionados con la trama de los explosivos asturianos, explicó que, según "Nayo" el intercambio con ETA no se produjo finalmente ya que las personas enviadas por la banda intentaron "robar los explosivos". "Hubo un tiroteo y una persecución", precisó.

  Especificó que el intento frustrado se produjo "antes del 2003", probablemente "en 2001" y precisó que informó de estos hechos a una persona de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a un responsable de este Cuerpo de Oviedo.

  Según declaró, "Nayo" colaboraba junto a Toro y Trashorras en el tráfico de explosivos y le contó, durante su estancia en la cárcel, detalles sobre la forma en que sacaban la dinamita de Mina Conchita para venderla posteriormente. "Los dejaban escondidos en una casetilla e iban a recogerlos por la noche", indicó.

  Explicó además que Fernández Díaz, que se encuentra huído en Santo Domingo y tiene dos causas abiertas en España, advirtió a la Policía Nacional de que Trashorras y Toro traficaban con explosivos "antes de los atentados". "Como no le hacían caso me dijo que se lo contara yo a la Guardia Civil", indicó.

  En cuanto al sistema de robo de la dinamita, el testigo dijo no recordar muchos de los detalles sobre los implicados aunque recordó que, siempre según "Nayo", "un chaval, minero y adicto a la cocaína, sacaba los explosivos y se los entregaba a Trashorras". Dijo que todas las confidencias del colaborador de Toro y Trashorras se debieron a que se hicieron "uña y carne" durante su estancia en la cárcel.

  El testigo --que ha actuado como confidente para la Guardia Civil-- dijo desconocer el actual paradero de "Nayo" y explicó que "sabe" que la Guardia Civil se ha puesto en contacto con él utilizando un número de teléfono facilitado por él mismo, después de los atentados en su domicilio no localizado de Santo Domingo.

   Hizo, además, mención a la denominada "Operación Pipol" --investigación por tráfico de drogas en la que estuvieron implicados tanto Toro como Trashorras-- e indicó que en los registros relacionados con ésta las fuerzas de seguridad "no registraron un domicilio" en el que había un armario "lleno de explosivos".