"Todos podemos estar de acuerdo que el día de la marmota ha durado demasiado: 2.000 días. El partido de la oposición tiene que decidir si quiere ser constitucional o no. No hay excusas que valgan", ha asegurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la renovación del CGPJ, que sigue enquistada. Por eso, ha manifestado que de no llegar a un acuerdo, el Gobierno de coalición tiene previsto presentar una propuesta para poder llevarlo a cabo.
"El PP tiene que decidir si quiere ser un partido constitucional o estar fuera", ha remarcado.
A finales de junio, si no se alcanza un acuerdo el Gobierno de coalición va a proponer al Congreso una modificación para desbloquear esta "inaceptable" situación: "Queremos liberar al Consejo General del Poder Judicial del secuestro político en el que lleva sumido como consecuencia del bloqueo del PP. Evidentemente nos estamos inspirando en algunas propuestas que se han puesto encima de la mesa durante estos más de 2.000 días. Entre ellas, por ejemplo, la de actual presidente del Poder Judical. Y ahí nada tiene que ver el Gobierno. Queremos despolitizar el CGPJ, que es lo que está haciendo el PP con su secuestro político. La propuesta será respetuosa con la independencia del Poder Judicial, plenamente constitucional y acorde con la normativa europea".
"No hay excusa que valga" para no renovar
El presidente del Gobierno no ha querido avanzar más datos sobre el contenido de esta posible reforma con el argumento de que es preciso plantear el detalle una vez se conozca el resultado de la negociación con el PP, al que le ha comentado que "no hay excusa que valga" para no renovar.
"Lo más importante ahora es que tenemos un plazo, el mes de junio, para llegar a un acuerdo con el PP, para que decida si es un partido constitucional o no", ha señalado.
Ha subrayado el presidente en que "el día de la marmota se acabó" porque ha durado 2.000 días, 5 años, y porque el bloqueo del Consejo trae un gasto de 12,5 millones al año, 1.000 asuntos de retraso y un 30 % de plazas sin cubrir en el Tribunal Supremo o 72 plazas en tribunales superiores y audiencias provinciales, junto con la paralización de la carrera de miles de jueces.
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