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24 de noviembre de 2020
CGPJ (Consejo General del Poder Judicial)
> Génova tacha de "cortina de humo" el mensaje de Sánchez e insiste en que no negociará con Podemos
> Podemos amenaza con acudir al Constitucional si el órgano de los jueces caducado sigue haciendo nombramientos
> Génova desvincula el cese de Álvarez de Toledo de la ruptura del acuerdo
> Madrigal, Segarra y Torres Dulce suscitaron unanimindad; Melgar y Maza, un voto en contra
> El PSOE y Sánchez consideran que la renovación del CGPJ debe estar "en manos del Poder Legislativo"
Dos modelos distintos ahora contrapuestos: que los jueces elijan a sus propios 'jefes' o que sea el Poder Legislativo, que emana de las urnas, quien proclame a los representantes del Poder Judicial. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió ayer en la sesión de control en el Senado el pacto para la renovación del CGPJ y reclamó que la elección debe estar "en manos del Poder Legislativo".
> Sánchez pide la dimisión de Cosidó y que el PP mantenga el pacto sobre el CGPJ
> Los presos catalanes solicitan la recusación de Marchena en el juicio del ‘procés’
La cuestionada independencia judicial ha centrado buena parte del debate de esta tarde en el Senado a raíz del escándalo de los mensajes del portavoz del PP, Ignacio Cosidó, y la renuncia del que se iba a convertir en próximo presidente del CGPJ y Tribunal Supremo, Manuel Marchena.
> El presidente del Supremo escogido por el PP controlará los juicios a aforados, el procés...
El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, envió una serie de mensajes de Whatsapp al grupo de la Cámara Alta presumiendo del acuerdo alcanzado con el PSOE para la renovación del CGPJ. Colocando a Manuel Marchena, el PP estará “controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61”, aseguró Cosidó a los suyos tras resolverse las negociaciones.
Los candidatos a vocales del Consejo General del Poder Judicial han comparecido en la comisión consultiva del Congreso que elegirá a 10 integrantes del órgano, aunque la mayoría han sido ya pactados por el PP y el PSOE. El juez Ricardo de Prada, uno de los magistrados que acreditó la existencia de una caja B en el PP y ponente de la primera sentencia del 'caso Gürtel', ha visto cómo el diputado del PP, Carlos Rojas, cuestionaba su trayectoria y prestigio e ironizaba con que su llegada al CGPJ.
Una vez más, la hemeroteca ha sacudido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a su cambio de criterio en el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El mismo día en que el PSOE y el PP han consumado su pacto para designar a Manuel Marchena como presidente de ese órgano, el líder de Cs, Albert Rivera ha tirado de hemeroteca para recordarle su compromiso anterior al respecto. Hace 4 años, Sánchez defendía la elección en una convocatoria pública de los integrantes del CGPJ para que "los partidos dejemos de proponer candidatos".
PP y PSOE han acordado que el juez conservador Manuel Marchena sea el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial, aunque la competencia para su elección corresponde a los vocales del Consejo, que también han sido designados por ambas formaciones. Este sistema de reparto de jueces ha desatado las críticas de Ciudadanos y Podemos, a pesar de que la formación 'morada' ha negociado la designación de un vocal con el PSOE, pero también de las asociaciones judiciales, que consideran que este pacto ahonda en la "mala imagen de la Justicia".
El PP y el PSOE ultiman su acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en el que ambas formaciones se reparten los 20 asientos que conforman el organismo. Según el diario 'El Mundo', mientras Ciudadanos habría rechazado entrar en el 'bloque' del PP para elegir a 10 vocales, el PSOE dejará que Podemos proponga a uno de los miembros del consejo.
> "Hijos de puta", "nazis", "virus"... calificativos usados por los usuarios
El president de la Generalitat, Quim Torra, ha exigido la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, así como una investigación sobre los autores de lo que considera comentarios llenos de insultos y amenazas en un foro de magistrados que ha trascendido a la opinión pública.
El Gobierno asegura que hace días puso en marcha los mecanismos necesarios para la defensa de la soberanía jurisdiccional española y del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, con "total diligencia" en los términos trasladados por el Poder Judicial y con arreglo a la legislación vigente.
La demanda contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena presentada por varios procesados independentistas en Bélgica amenaza con derivar en un nuevo clima de tensión internacional ya que el Ejecutivo, si bien enarbola la separación de poderes, sí ha recogido el guante de Carlos Lesmes para interceder en favor del juez español y tratar de evitar que se vea obligado a declarar ante la justicia de dicho país.
> José Ricardo de Prada denuncia injerencias políticas y reafirma la existencia de la 'caja B' del PP
José Ricardo de Prada Solaesa, uno de los jueces que firmó la primera sentencia del caso Gürtel, ha desgranado alguno de los aspectos más polémicos del fallo y ha acusado al Tribunal Supremo y al Consejo General del Poder Judicial de actuar "siguiendo los vaivenes de la política" con la inhabilitación de Baltasar Garzón y la recolocación de magistrados afines.
> Paralelamente, Margarita Robles asegura que vio en el CGPJ presiones sobre la instrucción de Gürtel
El Consejo General del Poder Judicial ha decidido no permitir que el magistrado José Ricardo de Prada, el más duro con el PP en la sentencia del caso Gürtel, participe en la decisión sobre el ingreso en prisión preventiva de los condenados.
El juez de la Audiencia Provincial de Navarra Ricardo González, autor del voto particular que pidió la absolución para los acusados de 'La Manada', es uno de los más expedientados de España. A sus espaldas lleva 7 expedientes y 6 sanciones disciplinarias, así como una suspensión para el ejercicio de la magistratura.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reafirmado su postura para salir al paso de las peticiones de dimisión que emitieron todas las asociaciones de jueces y fiscales de España que interpretaron como una injerencia política sus críticas al juez que emitió un voto particular pidiendo la absolución de 'La Manada'.
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