El juez que insultó a Sánchez llamándole "psicópata sin límites éticos", expedientado por el CGPJ

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial ha ordenado al promotor de la acción disciplinaria que abra expediente al juez Manuel Ruiz de Lara muy activo en redes sociales contra el Gobierno de España y altas instituciones judiciales.

Este órgano rector del Poder Judicial quiere que se investiguen varios mensajes que publicó en la red social X este juez.

En uno de estos mensajes, Ruiz de Lara calificó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "psicópata sin límites éticos" y de "narcisista patológico" o "personificación del deshonor" al fiscal general del Estado.

Dado que muchos medios de comunicación se hicieron eco de sus tuits, el juez canceló la cuenta en esta red social. Lo que provocó que el promotor archivara en su momento la diligencia informativa abierta por estos hechos, ante la imposibilidad (una vez eliminada la cuenta) de verificar tanto la realidad de los mensajes denunciados -cuya autoría no ha reconocido el magistrado- como de determinar en qué medida dio a conocer su condición de miembro del Poder Judicial.

¿Quién es el juez Ruiz de Lara?

Manuel Ruiz de Lara pasó, entre otros destinos, por juzgados mercantiles de Cádiz o Barcelona antes de recalar en la Gran Vía de Madrid, donde su nombre saltó a las portadas de todos los diarios deportivos por el pleito de la Superliga, ya que el proyecto para una nueva competición europea impulsado por algunos de los equipos de fútbol más ricos de las ligas continentales, cayó en su juzgado. Y su primera decisión no pasó desapercibida: prohibió tajantemente a la FIFA y la UEFA que dieran cualquier paso, ni el más mínimo comunicado, para coartar el proyecto que querían poner en marcha, entre otros equipos, Real Madrid, Atlético de Madrid y Barça con Florentino Pérez a la cabeza.

Ese proceso judicial, en el que hay muchos millones de euros en juego, hizo crecer la reputación de Ruiz de Lara mientras estuvo al frente del juzgado y del caso. Pero para entonces, el magistrado especializado en pleitos empresariales ya se había labrado un nombre en Twitter, donde llegó a acumular varios miles de seguidores. En esa cuenta, ahora desaparecida, hablaba de fútbol, de gastronomía, de running pero también de la Justicia, de la política y en especial del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Él mismo se describía en esta red social bajo el eslogan de "IDEALISTA IMPERTURBABLE", donde se jactaba de defender la "independencia judicial" y criticar los pactos políticos utilizados para la "farsa" de la renovación del órgano de gobierno de los jueces, en sus propias palabras, definiendo como "trepa" a los políticos que participan en el proceso.

También se refirió como "trepa sin honor" a Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia o al ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, como "Stalin de bolsillo". Y sobre Sánchez y el líder de la oposición de aquel entonces, que era Pablo Casado, dijo que "Ninguno tiene honor ni principios ni formación".

Sin embargo, otros políticos le merecían mejor opinión. Por ejemplo, de la ex portavoz de Vox, Macarena Olona, subrayó: "Hay políticos que trepan y denigran la democracia. Luego están otros como ella, Macarena Olona, que optan por los principios y por el honor. No es cuestión de ideologías o partidos, sino de defender el Estado de Derecho y la independencia judicial. Nada más y nada menos".

Ruiz de Lara llegó, incluso, a comparecer en el Congreso en una comisión para auditar la calidad democrática y la lucha contra la corrupción. Y la última sentencia que trascendió de su juzgado fue la que hablaba sobre el aumento de la factura millonaria de Julio Ariza, un mediático empresario proclive al partido de Santiago Abascal, por la debacle económica del Grupo Intereconomía hace una década.

Sus controvertidas opiniones sobre la política y la Justicia en España han llegado a las estanterías de las librerías con libros como 'Patria Judicial' y 'Patria Olvidada', las 2 novelas de su autoría en las que relata episodios de intrigas judiciales y políticas con unos personajes inspirados directamente de la realidad pero con una letra cambiada en el nombre o el apellido.

En una de sus obras, por ejemplo, el Presidente Pedro Sánchez Castellón es asesinado por un francotirador cuando va camino de declarar por corrupción ante un Tribunal Supremo que preside un tal Carlos Mestres.

Asimismo, hay un político retirado que se llama Ruiz Gilardón, otro en activo que se llama Grande-Marlanda y unos expertos en intrigas llamados Juan Carlos Monedas, Raúl Iglesias o Eloísa Beni. "Yo dejo al lector los paralelismos", dijo el autor en una entrevista con periódico 'El Debate'.

Sus tuits, ante el CGPJ

En los últimos meses, los mensajes en su ahora desaparecida cuenta de Twitter fueron subiendo de tono a medida que iban conociendo detalles de la ley de amnistía o las alusiones al 'lawfare' en el pacto entre PSOE y Junts. Y uno de ellos ha llegado a manos del Consejo General del Poder Judicial y su Promotor de la Acción Disciplinaria, el encargado de investigar si un juez ha cometido algún tipo de infracción que merezca una sanción en un proceso que, al final, tiene que pasar por manos de la Comisión Disciplinaria.

Pero el camino desde una publicación en redes sociales hasta una posible sanción es muy largo y, hasta ahora, ningún juez ha sido imputado por este tipo de acciones.

Así que, "como primera diligencia, se le ha dado traslado del acuerdo de incoación para que alegue lo que estime conveniente", afirmaba el CGPJ en un comunicado hace unos días para explicar la apertura de diligencias.

El tuit llamando "psicópata" a Sánchez no es el único que ha llegado a manos del órgano de gobierno de los jueces: desde la Fiscalía también se ha remitido otro, hoy borrado, en el que llamaba "personificación del deshonor" a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por no salir al paso de las alusiones al 'lawfare'.

¿Un juez de un órgano del Estado puede insultar en redes sociales?

La libertad de expresión de los jueces que hacen uso de las redes sociales públicas identificándose como miembros de la carrera judicial ha sido un asunto polémico en el propio Consejo en los últimos años. La Ley Orgánica del Poder Judicial, según han concluido varias veces en el CGPJ, no recoge ningún artículo que permita sancionar a un juez por mensajes como estos.

Dirigirse a otro poder del Estado con "felicitaciones o censuras" es una falta grave, pero sólo si se hace "invocando la condición de juez" o aprovechando la toga. Igual que sucede al faltar el respeto a sus superiores jerárquicos o la desconsideración con los ciudadanos. Pero no hay nada específico sobre este tipo de exabruptos.

Por eso, el Consejo puso de manifiesto este agujero normativo de una ley de 1985 cuando tuvo que estudiar el caso de Manuel Piñar, el juez que condenó por primera vez a Juana Rivas, por escribir en Facebook cosas como que el ejecutivo central ejercía el "comunismo feminazi".

Y el mismo Promotor que ahora investiga a Ruiz de Lara archivó esas diligencias al entender que no se podía sancionar a Piñar por sus comentarios machistas, que fueron afeados también por la Fiscalía.

De manera que, si el magistrado que publica esos mensajes no hace "invocación expresa" de su condición de juez, o cuando sea "factible" entender que lo hace "como mero ciudadano" es algo que, dijo el CGPJ, "carece de tipicidad a fecha de hoy".

La Comisión Permanente añadió algo a lo dicho por el promotor: es conveniente según los vocales que el legislador valore la posibilidad de revisar los tipos disciplinarios que permiten sancionar a magistrados.

Otro caso con un perfil anónimo

Otro caso fue el de un juez de Barcelona que, usando un perfil anónimo, llamó a sus compañeros a rechazar los recursos que presentara la Generalitat de Catalunya. En ese caso, al ser una cuenta anónima, el órgano de gobierno de los jueces entendió que no se presentaba como juez a la hora de hacer estos comentarios. Está por ver si estos argumentos sirven también para los comentarios de Ruiz de Lara.

La Comisión de Ética Judicial, cuyos dictámenes no son vinculantes, recomienda que si un juez usa redes sociales lo haga con "prudencia" y cuidando su "apariencia de imparcialidad". "La participación del juez en las redes sociales ha de estar presidida, con carácter general, por la prudencia y la mesura".