Un vocal del ala progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José María Fernández Seijo, ha presentado este viernes su dimisión.
Lo hace con críticas y reproches a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, por considerar que ha roto el consenso interno.
Los vocales progresistas acusan a la presidenta de liderar la "ruptura del consenso" interno. La dimisión se hizo efectiva horas después de que el bloque progresista mostrara su desacuerdo en el Pleno de esta semana, donde los conservadores lograron el apoyo de otro vocal.
Fernández Seijo es catalán y es titular del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Barcelona. Ingresó en la Carrera Judicial en 1991 y ha ejercido en Juzgados de Esplugues de Llobregat, Arganda del Rey, Sant Feliu de Llobregat y Barcelona y en la Audiencia Provincial de Barcelona.
Crisis total
Esta decisión es calificada como "estructural" y "determinante" para el equilibrio del órgano de gobierno de los jueces.
Fuentes jurídicas han confirmado la dimisión y han precisado que la salida de Fernández Seijo debe ser aceptada por la propia Perelló para que se materialice.
Los 9 vocales progresistas del CGPJ han emitido un comunicado conjunto donde denuncian "la ruptura del consenso" y la "exclusión del bloque progresista".
Lamentan que Perelló haya "encabezado" esta división al "ignorar" a un 45% del Pleno. Los firmantes del escrito son Ángel Arozamena, Lucía Avilés, Ricardo Bodas, Esther Erice, Bernardo Fernández, José Mª Fernández Seijo, Inés Herreros, Luis Martín y Argelia Queralt.
La alteración del equilibrio interno
Los vocales progresistas expresan su malestar por el nuevo reparto de poder en el CGPJ, que se hizo evidente un día después de que el bloque conservador consiguiera, con el apoyo del vocal Carlos Hugo Preciado y de la presidenta, aprobar su propuesta para renovar las comisiones, entre ellas la Comisión Permanente (un órgano clave) que ahora queda en manos conservadoras.
Ambos bloques, teóricamente empatados con 10 vocales cada uno (más la presidenta, que se presuponía neutral), habían pactado, con la llegada del nuevo CGPJ, renovar las comisiones anualmente, manteniendo un equilibrio de poder. El acuerdo establecía que, cuando un sector tuviera la mayoría de miembros en una comisión, la presidencia recaería en el otro.
El comunicado asegura que durante el primer año de mandato, el CGPJ operó bajo "reglas pactadas que aseguraban la representación razonable de las distintas sensibilidades, la distribución equilibrada de responsabilidades, la paridad y la transparencia". Este modelo permitió "un año de estabilidad institucional, más de 160 nombramientos judiciales y un clima de confianza inédito".
Denuncia de "arbitrariedad y desequilibrio"
El comunicado denuncia que "ese equilibrio se ha roto de manera abrupta y deliberada. La presidenta del Consejo, Isabel Perelló, ha impuesto un cambio de reglas que excluye a los vocales progresistas -que representan el 45% del Pleno- y altera la base de cooperación que había presidido la etapa anterior". Los vocales relatan que en el Pleno de esta semana se abordó la renovación de las comisiones y que el orden del día incluía las propuestas de ambos bloques y del vocal Preciado, que solo contenían los nombres de cada grupo, al no haberse llegado a un acuerdo previo.
Sin embargo, señalan que el jueves la presidenta solicitó "subsanar" la propuesta progresista para incluir a todos los vocales, justo después de que el bloque conservador presentara una lista cerrada que ya incorporaba los nombres del otro bloque, sin consulta ni comunicación. "Se concedieron apenas quince minutos para rehacer la propuesta, en un procedimiento contrario a toda lógica institucional", lamentan. Finalmente, se aprobó la lista presentada por el vocal Preciado, que era idéntica a la del bloque conservador, con los votos de los 10 vocales conservadores, Preciado y la presidenta.
Los vocales progresistas consideran que el resultado no tiene consenso, ya que el reparto es "arbitrario y desequilibrado", y otorga a Preciado una representatividad equivalente a la de un grupo propio, "quebrando cualquier regla mínima de equilibrio interno". Lamentan este retroceso, advierten de sus consecuencias para la colegialidad y la confianza interna del Consejo, y reafirman su compromiso con un CGPJ "plural, transparente y fiel a su mandato constitucional de garantizar la independencia judicial y el buen servicio público de la justicia".
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