La posibilidad de que Europa supervise las negociaciones entre PP y PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sorprendido en el órgano de gobierno de los jueces, donde unos ven razonable la mediación de la Comisión Europea y otros consideran que se trata de una propuesta que no desencallará la situación.
Así lo han hecho saber las fuentes del órgano de gobierno de los jueces después de que este viernes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ofreciera al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pactar que la Comisión Europea supervisase las negociaciones para renovar el CGPJ y, después de que el Ejecutivo aceptase, según la portavoz Pilar Alegría, esa "mediación" y "verificación" de la Comisión.
Unos han visto con buenos ojos la propuesta al considerar que se trata de una "salida inteligente" que podría desencallar la situación de interinidad que atraviesa el Consejo desde diciembre de 2018. Aun así, han insistido en que "habrá que ver la letra pequeña" del modelo planteado por el PP.
También la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFJV) se ha pronunciado. Para ellos el acuerdo "supone dar un paso hacia adelante en el intento de corregir esta anomalía democrática que dura más de 5 años", ha apuntado la asociación.
Así se ha expresado el portavoz de la AJFV, Sergio Oliva, que ha recordado, no obstante, que "con la ley en la mano a quien compete en realidad iniciar los procesos de renovación del órgano de gobierno de los jueces son a los presidentes del Congreso y del Senado que llevan más de 5 años incumpliendo de manera flagrante sus funciones".
Diferencias en la forma y el tiempo
No obstante, en los modelos que plantea cada formación ya empiezan a aparecer las primeras discrepancias: Si Feijóo considera que la Comisión va a "supervisar" esas negociaciones; el Ejecutivo, como ha explicado por boca de su portavoz, lo interpreta como una "mediación" y una "verificación", buscando un paralelismo con el término utilizado en sus acuerdos con Junts y ERC.
Además, si el PP plantea que se haga de forma "simultánea" la renovación y la reforma de la ley de elección del CGPJ, el Gobierno se aviene a hablar a la vez de ambas cosas pero dejando claro que primero tiene que efectuarse la elección de los nuevos vocales y más adelante esa hipotética modificación legislativa.
Mismos años de mandato caducado que de mandato vigente
El pasado 4 de diciembre el órgano de gobierno de los jueces cumplió 5 años caducado, los mismos años que de mandato vigente, lo que supone una situación inédita que desde dentro califican ya de "insostenible" tanto para el propio órgano como para la Justicia.
Desde 2018, el CGPJ se ha ido descomponiendo. Sólo quedan 16 vocales, aunque se mantiene el dominio conservador, tras las jubilaciones de Rafael Fernández Valverde y Rafael Mozo, la dimisión de Carlos Lesmes y Concepción Sáez, y el fallecimiento de Victoria Cinto.
El órgano ha visto pasar 3 presidentes. Lesmes dimitió en octubre de 2022 para forzar el pacto PSOE-PP y le sucedió Mozo, por ser el vocal de mayor edad. Pero este último tuvo que jubilarse el pasado 19 de julio, cediendo el testigo al actual mandatario interino, Vicente Guilarte.
Más allá del desprestigio institucional, que es ya un clamor en el mundo judicial, la situación de interinidad del CGPJ ha tenido un claro impacto en la administración de justicia por la imposibilidad legal de que un Consejo caducado realice nombramientos discrecionales en los altos tribunales.
En total hay 86 vacantes en la cúpula judicial, con una en la Audiencia Nacional, 25 en las provinciales, 36 en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y 24 en el Tribunal Supremo (TS).
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