El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha cargado duramente contra la ley de amnistía a los encausados por el procés y ha esgrimido que "no puede ser moneda de cambio de la consecución de una mayoría parlamentaria para la investidura" porque "implica convertir la medida de gracia, por definición unilateral y gratuita, en algo bilateral y oneroso".
Así se ha expresado en el escrito de justificación de su voto en blanco en el Pleno del Consejo que el pasado jueves aprobó un duro informe contra la ley de amnistía, auspiciado por el sector conservador, que tildó la norma de "inconstitucional" y avisó que quiebra la separación de poderes. Dicho informe fue rechazado en bloque por los vocales progresistas.
Como ya avanzó sobre su posición, Guilarte ha desarrollado ahora que la amnistía trae causa real de un "pacto político" alcanzado entre PSOE y Junts, por lo que ha juzgado que "si se analiza con una perspectiva civil, difícilmente superaría los criterios de validez y licitud" exigidos por el Código Civil.
Concretamente, en el artículo 1.276 se establece que "la expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita".
"Tiene contrapartidas políticas de gran relevancia"
El presidente interino del órgano de gobierno de los jueces ha comenzado destacando el "sorprendente silencio de la faraónica Exposición de Motivos sobre el precedente contractual" que, ha dicho, "sin duda causaliza decisivamente" la amnistía.
En su opinión, esto supone que el debate sobre la constitucionalidad de la ley quede "un tanto desvirtualizado", dado que se toma como pauta básica para valorar la justificación que se recoge en dicha exposición de motivos, esto es, la "pacificación política y convivencial de Cataluña" como "interés general". Esta finalidad, no obstante, "nunca fue esbozada previamente en el programa electoral" del PSOE.
"A diferencia de cuantas leyes de amnistía hemos conocido, la que nos ocupa no es una mera medida de gracia otorgada unilateralmente por el Poder Legislativo, sino que tiene contrapartidas políticas de gran relevancia a cargo de los amnistiables", ha advertido, lo que ha juzgado que la convierte en al "bilateral y oneroso".
"Fuertes connotaciones políticas" de la constitucionalidad
Guilarte ha explicado también que su voto en blanco en el informe de la semana pasada pretendía, "de cara al exterior, ofrecer un posicionamiento neutral" por las "fuertes connotaciones políticas" del planteamiento de constitucionalidad, a las que cree que deberían intentar ser ajenos. "Asumo los riesgos de no contentar con ello a unos y a otros, sobre todo a algunos", señala.
Con todo, el presidente interino del CGPJ ha asegurado que si el informe sobre la ley de amnistía "se hubiera limitado al análisis de su articulado, sin entrar en el debate sobre su constitucionalidad, se habría conseguido aprobar un único informe", dado que "obedece a una lógica jurídica en la que prácticamente todos habríamos estado de acuerdo". "La polaridad que nos acosa lo ha impedido", ha añadido.
En su escrito de 9 páginas, finalmente, ha vuelto a alentar la "imprescindible" renovación del CGPJ. "Son escasos los mensajes que en tal sentido dirigimos a la clase política: pudiera parecer que la situación no nos incomoda", ha comentado.
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