El Tribunal Supremo (TS) fijará doctrina sobre la revisión de sentencias firmes por la ley del 'sólo sí es sí' en un pleno monográfico que celebrará entre el 6 y 7 de junio.
Además, la Sala de lo Penal tiene pendiente estudiar más de 20 recursos de casación dictados por las audiencias provinciales. Algunos de los cuáles provienen de los propios condenados, que consideran que las rebajas de sus penas con el nuevo marco legal son insuficientes.
El objetivo del Supremo es unificar el criterio, han dicho fuentes jurídicas, debido a que algunos tribunales autonómicos han disminuido las penas con la nueva ley y otros no lo han hecho. De forma que, será la primera vez que el alto tribunal entrará a analizar si los jueces han aplicado bien la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual en sus revisiones.
Una actuación que se debe a que desde la entrada en vigor de la Ley de Libertad Sexuale, el pasado 7 de octubre, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cifrado a fecha de 1 de marzo en 721 las rebajas a condenados por delitos sexuales y en 74 las excarcelaciones.
Y fuentes del órgano han indicado que las rebajas a inicios de abril se situaban ya en torno a las 900 y las excarcelaciones rozaban las 100. Pero se espera que estas cirfas aumenten más aun cuando el CGPJ incorporare los datos de las comunidades autónomas que faltan.
El Supremo opta por analizar "caso por caso"
Hasta ahora, el Supremo únicamente se había pronunciado sobre sentencias que no eran firmes, pero en estos momentos el alto tribunal entrará a estudiar los casos más polémicos, aquellos cuya condena firme se ha visto alterada tras la entrada en vigor de ley, que mantiene enfrentados a los socios del Gobierno.
El primer pronunciamiento que se hizo público del TS sobre la nueva ley fue el relativo a la sentencia del 'caso Arandina', el pasado 29 de noviembre. Cuándo estableció que "podrá aplicarse en beneficio del reo cuando se fije ahora una pena inferior en aquellos supuestos en los que así proceda, pero analizando caso por caso, no de forma global".
Por contra, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha instruido a los miembros del Ministerio Público para que aboguen por mantener las penas antiguas cuando la nueva ley lo permita, según la circular aprobada el pasado 16 de marzo por la Junta de Fiscales de Sala.
No obstante, el fiscal general también ha subrayado que "cada procedimiento deberá ser analizado individualmente, huyendo de automatismos que impidan valorar las concretas circunstancias concurrentes en cada caso".
De igual forma, hasta que el Supremo decida, el Congreso tiene sobre la mesa la reforma de la ley del PSOE para modificarla tras los efectos indeseados de su aplicación, una circunstancia que mantiene enfrentados a los socios en el Ejecutivo de coalición.
Y después de semanas pidiendo un acuerdo en el seno del Gobierno para modificar la ley, Podemos ha optado por enmendar la propuesta socialista en línea con ERC y Bildu.
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