Rodeado del cariño de sus familiares y de los amigos que no paran de visitarlo, Marcial Fabricano se recupera en su domicilio ubicado detrás del mercado Campesino, en Trinidad. Su casa sólo cuenta con tres ambientes y una cocina.
Nació en San Lorenzo de Mojos y habla su lengua originaria. Está convencido de que el pasado 8 de mayo recibió azotes de odio de organizaciones indígenas que están siendo utilizadas políticamente. “Donde hay más resistencia es en la región donde nací, pero no por parte de las comunidades, sino del dirigente y de técnicos que acompañan a esas organizaciones”, acotó.
Explicó que la sanción que imponen los pueblos indígenas tienen instancias que determinan el castigo. “La justicia comunitaria no siempre es el chicote, también incluye el accionar y la oportunidad de reinsertar a los que cometen errores”, aclaró.
Fabricano dijo que no se le dio la oportunidad de dirigirse a la gente, ni siquiera para saludar, sino hasta después de haber sido golpeado, pese a que la mayoría de los que ahora lo acusan trabajaron codo a codo con él. Después de lo sucedido, todavía piensa ir al lugar en el que fue sometido, porque sus padres descansan allí y le ha dedicado su trabajo a este lugar. Ocho miembros de su familia, encabezados por su esposa Ruth Ortega, han firmado la denuncia ante la Policía por la golpiza recibida.
Entre tanto, el presidente del Tipnis (Territorio Parque Nacional Isiboro-Sécure), Adolfo Moye, asegura que los azotes son la conclusión de un proceso que le seguían a Fabricano por aprovechamiento ilegal de los recursos naturales y por incitar a la división. Esta organización, que aglutina a 64 comunidades, también lo acusa de apropiarse del terreno y de la casa que supuestamente estaban destinados para albergue de los indígena. Dicen que Fabricano se atrevió a llegar a ese territorio conociendo resoluciones y acusaciones que pesaban en su contra. “Seis corregidores le dieron, algunos dos y otros tres azotes”, indicó Moye.
Los dirigentes insisten en que harán todo para que Fabricano desocupe la vivienda. “Si sigue con sus acusaciones nos va a provocar y llegaremos a hacer una toma de la casa con todas las comunidades del Tipnis; todo dependerá de cómo siga el proceso”, advirtió.
Por su parte, la familia del afectado ha pedido protección policial para evitar que atenten contra el inmueble que aseguran fue adquirido en 1992 y pagado por su esfuerzo durante tres años. La esposa de Fabricano dijo que la casa está a nombre de sus dos hijas mayores.
El caso ha motivado que la dirigencia indígena en Beni esté dividida. Algunos, como Laida Humadai, de la comunidad Santiago del Río Ichoa, apoya el castigo porque considera que está de acuerdo con los usos y costumbres en la jurisdicción que corresponde. Bernando Muiba, corregidor de la Santísima Trinidad, asegura que antes de que hayan instituciones de justicia, las comunidades decidían el castigo, pero ahora que hay instancias, cree que deben ser consideradas. Reconoció que existe la justicia comunitaria, pero considera que hay mecanismos que no se cumplieron en esta ocasión.
Fabricano no es el único líder indígena o campesino en esa situación. Román Loayza, ex constituyente y uno de los fundadores del MAS, dice que en varias ocasiones le han dicho que le quitarán la propiedad de cuatro hectáreas donde nació hace 61 años, ubicada a 150 km de la ciudad de Cochabamba, en la provincia de Ayopaya, municipio Independencia. Además, le han dicho que no le dejarán hacer campaña en poblaciones del valle para las elecciones de diciembre.
Con todo ello, Loayza ha llegado a la conclusión de que en Bolivia no hay derecho a pensar diferente, pese a que la Constitución establece las garantías básicas. Hasta el año pasado era un hombre de las filas del oficialismo. “Ese terrenito es una herencia familiar. Ahí tengo una casita y siembro maíz, papa, durazno y cebada, con lo que mantengo a mis seres queridos”, explicó.
Loayza vive en Quillacollo, junto con su esposa y sus siete hijos. Con una voz de aplomo, dice que está dispuesto a morir en el camino, con tal de que con los suyos no se metan. “La justicia comunitaria no incluye quitar bienes. Si la persona ha cometido un error, la comunidad se reúne y le llama la atención, se le hace una recomendación y si persiste su falta le dan tres chicotazos en la espalda o en el trasero. Si a pesar de eso no cambia, hacen que participe la justicia ordinaria”, explicó.
El economista y filósofo Fernando Untoja, cree que el Gobierno está atacando a las personalidades que tienen origen indígena y que critican al oficialismo. “El Gobierno no acepta crítica, sólo quiere sumisión. He sido amenazado por la gente de El Alto y por Los Satucos y recibo empujones e insultos en la calle”, denunció.
Para Untoja, poco es lo que pueden hacer los afectados. “Ni al Defensor del Pueblo, o a las Asambleas de los Derechos Humanos se puede acudir. La Iglesia ya no tiene posibilidades de defender, se siente amenazada al igual que los ciudadanos que tomamos posiciones”, agregó.
Felipe Quispe, líder indígena y ex candidato a la Presidencia, dice que tiene información de que lo que está ejecutando el Gobierno es el llamado Plan Orinoca, que consiste en liquidar a los cabecillas de la media luna y después a los indígenas que discrepen con la voz oficial.
El ex vicepresidente de Bolivia Víctor Hugo Cárdenas es otro que ha sufrido el ataque de grupos vinculados al oficialismo. En marzo de este año, campesinos entraron en su casa de Huatajata acusándolo de estar con la derecha. El alcalde de Achacachi, Eugenio Rojas A., dijo que la vivienda de Cárdenas ha sido desocupada por los campesinos y que el Ministerio Público ha citado a algunas personas a declarar. Pero ellos han firmado un pacto de silencio y Rojas considera que el retorno de Cárdenas está sujeto a que se reúnan otra vez en asamblea y que emitan un pronunciamiento al respecto.
Casos y concepciones distintas
- Víctor Hugo Velasco. Es vicepresidente de la Confederación de Naciones Indígenas Originarias no afines al Gobierno. Dijo que la primera medida que asumirán será conformar una comisión para viajar al exterior con el fin de denunciar ante la Organización de Naciones Unidas y la OEA que están siendo perseguidos. “A Fabricano lo han chicoteado y a mí me amenazan”, dijo Velasco.
- Eugenio Rojas. El alcalde de Achacachi dijo, respecto a lo ocurrido con Víctor Hugo Cárdenas, que "se decidió hacer una toma pacífica sin ingresar a la casa, pero todo después se descontroló". Si alguien se oponía a esta situación los comunitarios iban a reaccionar en contra de Cárdenas, por lo que acusó a los familiares de éste de haber provocado estos sucesos cuando les gritaron a los comunitarios: ‘asesinos’.
- Ángela Noza. Es de la comunidad Santísima Trinidad. Apoya el castigo que se propinó a Marcial Fabricano. “Nuestros antepasados castigaban para componer y reconciliarse dentro del territorio. A los representantes se los elige con votos, por eso ellos tienen que hacer cumplir las leyes y velar por las necesidades”.
- Verónica Mae. Como representante de las mujeres indígenas dijo que en esta época ya no se debe aplicar este tipo de sanciones. La guasca la impusieron los españoles. Hay justicia comunitaria, pero que no llega a atentar contra la vida de la persona. Considera que Marcial Fabricano es un líder que ha aportado mucho a su sector y que muchos están dispuestos a defenderlo.
Los afectados
Marcial Fabricano | Ex dirigente campesino
El 8 de mayo fue azotado en el Parque Isiboro-Sécure, en el centro de Gestión y Administración que tienen en esa zona. Está con baja médica por 40 días. Sus siete hermanos, su esposa, sus cuatro hijos y tres nietos, junto a sus demás familiares, lo acompañan en la recuperación. “Los campesinos ejecutaron una resolución que aprobaron meses antes en Trinidad, mediante la cual querían hacerme pagar por una supuesta traición de mi parte hacia los indígenas”, dijo Fabricano.
Víctor Hugo Cárdenas | Ex presidente de Bolivia
El 7 de marzo, la casa del ex vicepresidente de la República, Víctor Hugo Cárdenas, fue quemada parcialmente y su esposa e hijos, fueron atacados en la localidad de Huatajata. Cárdenas formalizó la denuncia ante la Fiscalía contra Felipe Cruz Alarcón y Alfredo Huañapaco, además de la dirigente de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa, Beatriz Quispe, por los delitos de intento de homicidio y de promover el asalto que sufrió su inmueble rural, además del maltrato a sus familiares.
Román Loayza | Ex constituyente del MAS
Tras la aprobación de la Ley Transitoria Electoral, Loayza se animó a emitir su voz contestataria y crítica al Gobierno. Es el fundador del MAS, pero dice que ya no tiene nada que conversar con Evo Morales. Está seguro de que puede seguir su propio camino y quiere ser candidato a la Presidencia de Bolivia. Dice que eso le ha traído problemas. Afirma que campesinos de Cochabamba le impiden ir al lugar y lo han amenazado con quitarle su parcela de cuatro hectáreas, donde siembra.
Un día irán al banquillo
José Mirtenbaum / Sociólogo
El Presidente, que se jacta de ser indígena pero no lo es, está en una lógica de la hegemonía del poder y se siente amenazado por la posibilidad de que uno de los que ataca supere la identificación que Evo tiene frente al mundo, y pierda las elecciones de diciembre. Muchos podrían hacerle frente a Morales si tuvieran el dinero y el andamiaje necesario.
Lo que vemos se llama terrorismo de Estado contra ciudadanos. Los que manifestaron sus diferencias con el Gobierno están demostrando que no todos los indígenas están con Evo Morales.
Lo único que queda es seguir luchando y hacerse respetar como ciudadanos. Hay violación a los derechos humanos nunca antes vista así, abiertamente. Algún día, los que están en el Gobierno tendrán que rendir cuentas ante la sociedad. Vendrán tiempos en que estén en el banquillo de los acusados y tendrán que responder por sus actos. El mundo da vueltas.
Legal
Art. 115 CPE. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia...
Darwin Prado | Jurista
Este artículo resume que los bolivianos tenemos derecho a vivir en libertad. Obliga a las autoridades a que nos protejan: como ser la Policía, el Ministerio Público y el de Gobierno. No faculta a nadie a agredir a otra persona.
Art. 192 CPE. I. Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina. II. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originaria, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado.
William Durán | Jurista
La ley le está dando el mismo nivel, porque la decisión (comunitaria) es imperativa para los que viven en esa comunidad. Pero las sanciones no justifican el maltrato físico y respetan los derechos fundamentales de las personas.
La justicia originaria viene siendo transmitida generacionalmente. Diversas fuentes que tienen su raíces en comunidades rurales, coinciden en que se trata de llamadas de atenciones verbales, primero, y castigos físicos, como chicotazos, en caso de que la persona no haya cambiado su conducta.
Casimira Rodríguez | EX Ministra de justicia
“Si alguien comete un delito se delibera y sanciona. Las autoridades deciden de manera transparente. Estamos hablando de una justicia que no tiene cárcel, sino otros castigos, como: trabajo y a veces chicote”, dijo a un medio internacional.
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