Aún no ha pasado dos meses desde la investidura del socialista
Patxi López y el nuevo
lehendakari ya se ha tenido que enfrentar a dos duras pruebas: de un lado, el asesinato del inspector del Cuerpo Nacional de Policía,
Eduardo Puelles, y, de otro, la convocatoria de una huelga general, el 21 de mayo pasado, por parte de los sindicatos nacionalitas ELA y LAB.
La huelga pasó con más pena que gloria, dejando patente que su convocatoria no tenía nada que ver con la gestión de la nueva administración autonómica y, aunque casi nadie dudó de que si
Ibarretxe hubiera seguido al frente del Gobierno vasco no se hubiera convocado, ahora más de uno habrá sacado la conclusión de que los sindicatos abertzales gastaron demasiado pronto un cartucho, que se demostró de pólvora mojada y cuyos efectos disuasorios difícilmente se podrán recuperar hasta pasado un tiempo.
El tema no es baladí si tenemos en cuenta que, tal y como prometió durante la campaña electoral, el
lehendakari López, en una de sus primeras actuaciones, puso en marcha una ronda de contactos con los agentes económicos y sociales para abrir una mesa de diálogo social, de la que ELA y LAB se descolgaron, que se materializará este mismo jueves en una primera reunión, con el fin de adoptar medidas contra la crisis económica y luchar contra el desempleo.
El duro golpe del asesinato de Eduardo Puelles
Pero, sin duda, la irrupción de ETA en el nuevo escenario político vasco segando la vida de
Eduardo Puelles ha sido el momento más duro y amargo que le ha tocado vivir a Patxi López en este corto espacio de tiempo al frente del Gobierno vasco. La convocatoria que hizo el lehendakari de la manifestación de condena y repulsa por este asesinato, a cuyo frente se situó sin titubear, y la intervención que hizo a su término ante los asistentes en las escalinatas del Ayuntamiento de Bilbao, le acarrearon duras críticas del PNV, censurándole que diese a entender que los anteriores ejecutivos no hicieron lo suficiente en su lucha contra ETA.
Si a lo anterior le añadimos el nítido mensaje lanzado por el nuevo consejero del Interior,
Rodolfo Ares, de que el principal objetivo de la
Ertzaintza va a ser perseguir a ETA sin ningún tipo de contemplaciones, más allá de las del estado de derecho, la ciudadanía tiene claros elementos de juicio para valorar que algo sí ha cambiado en estos aspectos con el nuevo ejecutivo de Vitoria.
El viejo asunto de la política lingüistica
Otro de los puntos sobre los que están puestos los focos en estos primeros compases del nuevo Gobierno, también recogido en el documento suscrito junto con el PP vasco y que posibilitó la investidura de Patxi López, es el de la política lingüística. El nuevo ejecutivo ya ha dado muestras patentes de que va seguir apoyando y promocionado el aprendizaje, el uso y la difusión del euskera. Lo hará desde la ETB y también desde el sistema educativo.
La nueva consejera de Educación,
Isabel Celaá, ha invalidado ya algunas medidas adoptadas por su antecesor,
Tontxu Campos, de EA, que jerarquizaban la utilización del euskera por encima del castellano en el sistema educativo, y ha garantizado que se mantendrá el modelo A, aunque se reforzará el aprendizaje del euskera entre los alumnos que lo sigan.
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