Una de las noticias que mayor impacto ha tenido entre los ciudadanos no ha merecido siquiera la atención de los gobernantes, a pesar de contar con personas encargadas de calificar las informaciones, de las que luego se comenta de acuerdo a la conveniencia oficialista.
La revelación la hizo BLANCO y NEGRO, en su edición del lunes pasado, al publicar evidencias de cómo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de la mano de la Brigada Simón Bolívar (BSB), accedían a las aulas de los colegios en Quito. Las pruebas han sido tan contundentes que José Ignacio Chauvin, fundador de la BSM, reconoció que habían ido a los colegios, pero, según él, para "contribuir con la revolución ciudadana", ya que no se trata de adoctrinamiento. Pero en las pizarras de los planteles visitados se podía leer que las FARC eran llamadas "amigas".
El asunto es tan delicado que el Ministerio de Educación ha anunciado que abrirá sumarios administrativos, pues no se puede hacer "proselitismo" dentro de las aulas. Sin embargo, ante las evidencias demostradas, lo que debería haber hecho es sancionar a los responsables que dejaron ingresar a los "adoctrinadores", así como prohibir, de manera terminante, que estos grupos violentos y vinculados al narcotráfico ingresen, nuevamente, a las aulas estudiantiles del Ecuador.
Pero el "trabajo" de estas brigadas no queda en las aulas. Una vez más, el ex director de Inteligencia, Mario Pazmiño, ha demostrado que personas vinculadas a la BSB también actuaron como "voluntarios" para cedular a los ciudadanos de Esmeraldas. Y que todo esto lo hacían bajo el membrete del Plan Ecuador. Si en el país hubiera sindéresis entre el discurso y las acciones, y la gente en el poder no actuara solo en función de conquistar adhesiones, temas como la presencia de las FARC en las aulas escolares merecerían atención prioritaria y decisiones contundentes para que no se repita la infamia.
Si (
No(
