Ultimátum de una semana al nuevo régimen hondureño

Zelaya, quien fue recibido ayer con honores de Jefe de Estadio en Guatemala, dio un plazo para ser repuesto en su cargo -del que fue expulsado por un golpe de estado el 28 de junio- y amenazó con hacer fracasar la mediación que se realiza en Costa Rica.

“Damos un ultimátum al régimen golpista para que a más tardar en la próxima reunión que se realizará esta semana en San José, Costa Rica, se cumplan los mandatos expresos de las organizaciones internacionales y la Constitución de Honduras”, dijo Zelaya a la prensa en Nicaragua, país al que viajó por quinta vez desde que fue derrocado.

Si esto no se cumple “se considerará fracasada la mediación” y “se procederá con otras medidas”, advirtió.

Mejor el diálogo
La canciller de su gobierno, Patricia Rodas, expresó dudas sobre la mediación que lleva a cabo el presidente costarricense Oscar Arias, afirmando que ésta le ha dado “respiro” al régimen de facto, y pidió a Estados Unidos acciones concretas para restituir a Zelaya en la presidencia.

Desde Costa Rica, el presidente Arias salió al cruce de esas declaraciones y pidió paciencia a los negociadores para encontrar una solución a la crisis.

A su vez,  Micheletti se manifestó dispuesto a retomar el diálogo, lo que se concretaría el sábado en Costa Rica, e incluso a reunirse con el propio Zelaya si éste acepta.

“Él es un ex mandatario del país, un ex amigo mío, y con todo gusto le daría la mano en el momento oportuno si él así lo desea”, dijo Micheletti.

Qué dicen las FF.AA.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez, uno de los protagonistas de la crisis política hondureña, aseguró en una entrevista que Zelaya fue expulsado del país el 28 de junio para evitar muertes en Honduras.

“El análisis que hizo la seguridad del Estado es que era riesgoso que al presidente se le llevara a una cárcel” porque “iba a ser causal de muertos y heridos y eso era peligroso” si sus partidarios trataban de rescatarlo, dijo Vásquez.

No obstante, el general, que cuatro días antes del golpe había sido destituido por Zelaya, reconoció que la expulsión a Costa Rica no estaba contemplada en las órdenes judiciales que cumplían los militares.

Mientras, el denominado Bloque Popular convocó nuevas manifestaciones de apoyo a Zelaya, al tiempo que analiza decretar un paro nacional en rechazo a las autoridades de facto.