Tribulaciones de Rita Barberá

A la alcaldesa de Valencia, sin negarle sus méritos en la gestión de la parcela municipal y el apoyo popular que disfruta, le ha ocurrido lo que a tantas personas educadas superficialmente, sin una base sólida hecha costumbre: que cuando las sacan de sus casillas por poner en duda su honradez sueltan ese lenguaje insolente e insultante trufado de tacos y juramentos, con recordatorios a la familia del adversario. Una decepción.

            No ha sido hasta tal nivel en el caso de Rita Barberá pero, sin duda alguna, habrá tenido que sujetar las ansias de repasar con un buen lote de insultos a quien ha sacado a la luz lo de los bolsos de Louis Vuitton , que se viene a sumar a su desparpajuda propuesta de eliminar del Código Penal el cohecho impropio y a su no menos valiente parangón entre los trajes que se regalaron a Camps y las anchoas que Revilla le regala a Rodríguez Zapatero y a otros políticos de su devoción. Hay días que sería mejor pasarlos durmiendo.

            Pero la cuestión no se limita a una anécdota más de la vida política ni termina aquí su trascendencia, porque la alcaldesa valenciana, además de proponer la supresión de la figura del artículo 426 del Código Penal, afirma que todos los políticos reciben regalos sin aclarar de quienes, o en qué oportunidad o a cambio de qué contrapartidas. En menos palabras, ha  puesto en la picota a toda la clase política del país con una ligereza que la inhabilita para ostentar las responsabilidades que tiene como primera autoridad de la ciudad de Valencia. Y para darle cobertura, González Pons ratifica que todos reciben regalos de Navidad, y Esperanza Aguirre bromea con las picotas y entre todos montan una nueva teoría de conspiración en la que participarían policías, jueces y fiscales sabiamente dirigidas por Pérez Rubalcaba.

            En primer lugar hay que afirmar que una gran mayoría de los políticos son íntegros en su actuación, no aceptan regalos ni se los ofrecen siquiera porque son conocidas por la gente sus convicciones morales. Es cierto que a lo largo de la vida política española, incluso de la última etapa democrática, se han conocido escandalosas conductas que no siempre han sido sancionadas ni políticamente ni mediante los tribunales de justicia. También son muchas las sospechas que recaen sobre determinados políticos y su vertiginosa prosperidad económica. Pero estas realidades no justifican una descalificación global ni la presunción de que todos los políticos reciben regalos, ni siquiera por Navidad. Yo, desde luego de los electores, ni turrones ni picotas.

            En segundo término, hace falta buena dosis de frescura para proponer la desaparición del cohecho impropio, cuando lo justo y razonable es aumentar la actual sanción de multa adicionándola al menos de inhabilitación para ejercer cargos públicos, más aún cuando con mucha frecuencia es casi imposible comprobar si han existido contrapartidas a los regalos o dádivas o se han donado “para la consecución de un acto no prohibido legalmente”, supuesto que siempre debe tener sanción penal.

            Quizá  estas posiciones y actitudes se deban a la relajación de las normas de ética social y política, si atendemos al escaso rechazo popular que provocan. Antes al contrario, hemos comprobado en algunos  casos un aumento del apoyo electoral a personas condenadas por delitos  urbanísticos o de malversación o tráfico de influencias cuando no de cohecho grave. Esto debería hacer reflexionar a la sociedad española y a sus dirigentes políticos sobre el deterioro de valores que se suponen universales. Este es el verdadero trasfondo de lo ocurrido en Valencia, en Madrid o en La Muela y tantos otros sitios. No es el problema de un bolso o unos trajes, sino el juicio que hacen de los hechos sus receptores y la opinión, más que indulgente complaciente, de un parte importante de la sociedad.