Amnistía Internacional demanda congelar los fondos a Iniciativa Mérida

El Gobierno de México no prevé hacer cambios en su estrategia contra los "narcos", pero ante la espiral de violencia en ese país por el tráfico de drogas algunos expertos y un líder del Senado sugieren mejoras.

El despliegue de unos 45 mil soldados y policías contra la "narcoviolencia" en México le ha valido al presidente Felipe Calderón elogios del Gobierno de EU, que lo ve como un acto "valeroso" y "contundente".

Pero esa decisión, que según el Gobierno de Los Pinos se tomó por falta de opciones ante la corrupción de ciertos elementos de la policía, también ha atraído publicidad negativa y críticas de defensores de los derechos humanos.

Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles en un comunicado que el Congreso de EU congele el 15 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida "hasta que el Gobierno mexicano cumpla sus obligaciones sobre derechos humanos", en particular en la investigación y procesamiento judicial de los abusos por las fuerzas de seguridad.

Según las autoridades mexicanas, el 83 por ciento de las víctimas son narcotraficantes ultimados por las fuerzas del orden o por sus propios rivales, el 12 por ciento lo conforman policías y soldados, y un ocho por ciento, personas atrapadas en el fuego cruzado.

Consciente de las críticas, una fuente del Gobierno de México, que pidió el anonimato por la sensibilidad del asunto, ha dicho que no habrá cambios en la estrategia porque, a su juicio, está surtiendo efecto.

Según observadores, el éxito de esa estrategia se medirá conforme México cumpla sus objetivos de reducir la violencia y desplace el problema del narcotráfico fuera del territorio nacional, y que el problema pase de ser un asunto de seguridad nacional y se convierta en uno de seguridad pública.

Por ahora, todo indica que los soldados permanecerán en toda la geografía mexicana hasta que la policía pueda asumir las tareas de seguridad.

El senador demócrata Patrick Leahy, clave en el desembolso de ayuda exterior de EU, afirmó hoy que apoya la Iniciativa Mérida pero "la estrategia militar por sí sola no es una solución a largo plazo y tampoco está claro lo que ésta pueda conseguir a corto plazo".

Reconoció que mientras continúen los niveles actuales en la demanda de drogas en EU y el tráfico ilegal de armas a México, "será difícil neutralizar a los carteles".

Asimismo, Leahy negó que se opone a que el Departamento de Estado divulgue un informe, de acuerdo con una ley federal que así lo exige, para que se liberen fondos de la Iniciativa Mérida, como dijo el diario The Washington Post.

Sin embargo, a juicio de Leahy, los requisitos en materia de derechos humanos, incluyendo el enjuiciamiento de soldados y policías implicados en abusos, "no se han cumplido, así es que es prematuro que el informe se envíe al Congreso".

La ley  supedita el desembolso del 15 por ciento de la ayuda a la entrega del informe, pero no necesariamente a una evaluación de los esfuerzos para castigar a responsables de los abusos.

"El crimen organizado es una principal amenaza para México. Sin embargo, hay espacio para un mayor énfasis en el fortalecimiento del sistema judicial y los controles policiales", dijo Andrew Selee, director del Instituto de México del Centro Woodrow Wilson.

"Son retos institucionales a largo plazo que podrían dificultarle el negocio a las organizaciones del crimen organizado", agregó.

Por su parte, George Grayson, profesor de la universidad William & Mary, dijo en un ensayo publicado hoy por el Instituto de Investigación de Política Exterior que "la intervención militar es aún necesaria", pero México puede realizar "esfuerzos complementarios" contra La Familia Michoacana y otros carteles de la droga.

Según Grayson, entre esos esfuerzos se deben incluir más presiones a políticos y empresarios que apoyan a los narcotraficantes; mejoras a la recabación y análisis de datos de inteligencia y la infiltración de los carteles, y el fortalecimiento de las iniciativas para una reforma judicial.