La teoría de los subsidios genera consensos cuando se encuentran debidamente focalizados con un carácter temporal y con objetivos específicos. El bono llamado de Desarrollo Humano pretendió paliar los efectos de la llamada crisis bancaria. Los criterios para otorgarlos se han ampliando con toda justicia en su cobertura y a personas que por diferentes razones están impedidas o incapacitadas para sobrevivir. Adicionalmente se han incluido obligaciones frente a la salud, vivienda y educación.
Toda esta teoría se estrella cuando los funcionarios públicos, por adular al régimen o a sus coidearios, confunden las diferencias que existen entre Estado, participar de un gobierno como funcionario público y lo mezclen con sus intereses personales o políticos. No es posible que, simplemente porque se le viene en gana, una Ministra de Estado determine la integración de algunos ciudadanos al trabajo formal, que por lo menos reciban un salario justo regulado y la afiliación al IESS; y sin embargo de todo esto, van a seguir recibiendo el bono o subsidio.
Esto definitivamente resulta un cohecho o por lo menos una concusión, delitos en los que no tiene importancia el monto sino la violación de conceptos, la irresponsabilidad en el manejo de la cosa pública y el absoluto desconocimiento de la ley.
Con criterios tan peregrinos simplemente todos los ecuatorianos tenemos derecho al bono, claro que es de esperar que no nos exijan como requisito ser afiliado o simpatizante de Alianza PAIS.