Juanes informó durante la mañana a la Sala de Gobierno --compuesta por los presidentes de las salas de lo penal, lo social, lo contencistoso-administrativo y tres magistrados electos-- sobre los acontecimientos sucedidos en los últimos días y que han desembocado en la huída de la etarra
Maite Aranalde. Así, la Sala de Gobierno ha concluído, tras recabar toda la información disponible desde el momento en que la miembro de ETA fue entregada a la Audiencia Nacional --donde tenía pendientes dos causas por tenencia de explosivos y estragos-- por las autoridades francesas, que
no se han producido anomalías en el funcionamiento "sin perjuicio ni invasión de lo que pueda considerar al respecto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".
Decisión por unanimidad
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Los magistrados que componen este órgano han decidido por unanimidad que las resoluciones de
Velasco y
Garzón, realizadas en forma de autos,
"están motivadas y corresponden a criterios legales de los jueces y por ello la Sala de Gobierno no tiene competencia para cuestionarlas".
La falta de documentación sobre la presunta participación de la etarra en la colocación de bombas en 2004 provocó que sólo pudiera abordarse su relación con la acumulación de dinamita, cuestión que recayó en el juez Eloy Velasco, en sustitución de su compañero Baltasar Garzón que estaba en ese momento de vacaciones.
Velasco decidió imponer a la etarra una fianza de 12.000 euros para eludir la prisión. El pago de esta cantidad por parte de su familia provocó su inmediata liberación de la cárcel de Soto del Real, el pasado jueves. El viernes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió la decisión de Velasco y pidió que se impusieran a la etarra mayores medidas cautelares para evitar su huída, entre ellas vigilancia policial permanente y comparecencias diarias en comisaría. Esta petición del Ministerio Público no fue resuelta hasta el lunes, al regreso del juez
Garzón que decidió revocar la libertad y ordenó su inmediato encarcelamiento. Algo que aún no se ha producido puesto que Aranalde se había dado a la fuga.
Cambios en los protocolos
Sin embargo, la Audiencia Nacional entiende que algo se ha hecho mal. Por ello, propondrá al Gobierno que modifique la normativa que rige las
Órdenes Europeas de Detención (OEDs) durante el primer semestre del próximo año, momento en el que el Ejecutivo asumirá la presidencia de la UE, para evitar casos como el de la etarra Maite Aranalde, que fue entregada a España con carencias de documentación de una de las dos causas que tenía abiertas en la Audiencia Nacional.
Según explicó Juanes en declaraciones a los medios de comunicación, la propuesta se basará en una simplicación de los trámites que propicie una entrega en bloque de los miembros de ETA y otros delincuentes reclamados por España y detenidos en el extranjero.
Así ya no sería necesario documentar cada una de las investigaciones abiertas en el país que reclama al presunto criminal y se evitaría, en opinión de Velasco, las dilaciones "
basadas en recelos de unos Estados contra otros".
La Corte de Apelación de París no ha logrado localizar la documentación incluida en la (OED) remitida por la Audiencia Nacional para solicitar a Francia la entrega de la etarra Aranalde por su presunta colaboración en la colocación de varios artefactos explosivos en distintas gasolineras durante la 'operación salida' del puente de la Constitución de 2004, según informaron fuentes fiscales.
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