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Piden dos años de inhabilitación para González Panero

jueves 10 de septiembre de 2009, 18:40h
La Fiscalía de Madrid reclama 2 años de inhabilitación para ocupar cargo público para el ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero por un delito de prevaricación como consecuencia de una denuncia interpuesta en 2002 por el grupo municipal socialista.
Según el PSOE, el 15 de octubre de 2001, con el fin de cubrir "una pretendida urgencia" en el puesto de conserje de la Escuela Municipal de Música dependiente del Patronato de Cultura, el gerente se interesó en el INEM por Raúl de Diego, cuya familia mantiene una estrecha amistad con el ex regidor, para la cobertura del citado puesto alegando que reunía los requisitos necesarios para ello. Raúl de Diego se dio de alta en el INEM ese mismo día.

Quince días después se produce una modificación en la afiliación a la seguridad social pasando a figurar como funcionario interino al servicio de dicho organismo. Arturo González Panero en su condición de alcalde, mediante decreto, nombró a Raúl de Diego conserje interino. El 28 de enero del 2002, el secretario del Ayuntamiento de Boadilla hizo una advertencia de la ilegalidad sobre el citado nombramiento. En junio de 2002, el grupo socialista presentó la denuncia en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Móstoles.

Vulneración flagrante
Los socialistas sostienen que los acusados, mediante esta forma de actuar, vulneraron de "modo flagrante" la normativa vigente en materia de selección de personal al servicio de las Administraciones locales. Dicho nombramiento no fue precedido de la pertinente convocatoria pública y después de su nombramiento no se aprobó oferta de empleo público del Ayuntamiento o del patronato en la que se incluyera el puesto de trabajo de conserje.

Los hechos descritos constituyen un delito de prevaricación por lo que la Fiscalía pide para los acusados dos años de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 2.880 euros, consistente en una cuota de 12 euros diarios durante 8 meses. El grupo socialista solicitó en su acusación siete años de inhabilitación y multa de 20 euros diarios durante ocho meses.
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