Así mismo, la congresista aseguró que contrario a lo que muchos políticos del país creen en cuanto a que muy pronto las FARC tendrían que comparecer ante la Corte Penal Internacional, CPI, que desde noviembre tendrá competencia plena sobre Colombia, es probable que la “tortilla” se volteé y sea el propio Uribe quien tenga que rendir cuentas ante el organismo.
Córdoba argumentó que Uribe llegará primero a la CPI porque ha perpetuado "el dolor de los demás" y porque en un "estado de guerra como el que vive Colombia" no ha permitido que "se pueda afianzar, se pueda avanzar hacia la búsqueda de la paz, hacia la búsqueda de la concordia y, sobre todo, hacia la discusión de los grandes temas que tiene el país".
Para la senadora, el presidente ha infringido la normatividad del Derecho Internacional Humanitario, al no permitir la libertad de las personas que están en poder de las FARC; especialmente, la de dos cabos y los restos de un mayor que murió en cautiverio.
En este contexto, la congresista advirtió que la puesta en libertad de los rehenes no se dará al menos antes de mayo del año próximo, cuando se celebrarán los comicios presidenciales en las que es previsible que Uribe concurra como candidato a una segunda reelección consecutiva.
"No puedo salir a recibir, ni el Comité de la Cruz Roja Internacional se va a someter a eso, ni la Iglesia Católica, sin contar con el apoyo del Gobierno para poder recibir a quienes están en poder de las FARC", notificó Córdoba, quien aseguró que hacerlo sería correr "un riesgo supremamente alto y, además, significaría que tuviéramos una relación cercana, directa y muy eficaz con las FARC".
Así mismo, Carlos Lozano, director del semanario comunista Voz y miembro del grupo Colombianos y Colombianas por la Paz, CCP, afirmó que es probable que todo este proceso humanitario se trunque "porque el Gobierno y el presidente Uribe, en particular, está en campaña electoral reeleccionista y, por supuesto, en sus cálculos no están las salidas pacíficas y democráticas".
La Corte Penal Internacional, es un organismo creado por iniciativa de la Organización de Naciones Unidas, ONU, para asumir los crímenes de guerra cometidos en los países; sin embargo, hace siete años el Gobierno colombiano solicitó que el organismo no llevara los casos de ese país, en tanto se buscaba facilitar las negociaciones de paz con los grupos armados al margen de la ley. El plazo solicitado por el país vence en octubre y la CPI entrará a regir los crímenes de guerra en el país a partir de noviembre.
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