El círculo vicioso de la vivienda

Debe trabajarse con la empresa privada en la generación de viviendas

La tragedia de la falta de viviendas en nuestro país se ha convertido en un verdadero cáncer. No existe ninguna municipalidad que tenga el músculo financiero necesario para construir viviendas. La demanda crece exponencialmente y, hasta ahora, el Estado venezolano ha sido incapaz de darle a este gravísimo problema una solución sostenida en el tiempo.

Con las fuertes lluvias del pasado año muchas viviendas precarias en sectores populares fueron declaradas inhabitables por Protección Civil. Esa declaratoria debería desencadenar el desalojo de la vivienda por alto riesgo para la vida de sus habitantes e incluso por el riesgo en que coloca la vida de sus vecinos que, de colapsar, podría caer sobre otras viviendas.

Algunas familias de las zonas populares fueron trasladadas a Fuerte Tiuna en donde les fue asignada una vivienda de transición mientras se les ubicaba una vivienda definitiva. Los que resisten, luego de algunos meses, son reubicados en viviendas definitivas normalmente fuera del Área Metropolitana. Algunos aceptan su nueva ubicación y se mudan con sus muchachos. Ello implica un cambio completo en el sistema de vida de esa familia. Si antes los padres se levantaban a las 5:00 a.m. para bajar del cerro y llegar a tiempo a sus lugares de trabajo, ahora, reubicados fuera de la ciudad deben levantarse a las 3:30 a.m. para poder llegar. Si los muchachos asistían a una escuela pública (municipal o nacional) cercana a su antigua vivienda, ahora también tienen que salir de madrugada para llegar a la nueva escuela que ya no queda cerca, o simplemente se produce la deserción escolar.

Hay otras familias que cuando les indican donde tendrán que ir a vivir deciden, irresponsablemente regresar a la antigua vivienda desalojada, meterse allí junto a los hijos, emparapetar lo que se pueda y correr el inmenso riesgo de que todo el núcleo familiar pierda la vida cuando la estructura colapse.

En varios casos y luego de un procedimiento administrativo engorroso, procedemos a la demolición controlada de la vivienda de alto riesgo. Lamentablemente en muchos de los casos mientras transcurre el procedimiento y se buscan los recursos para la demolición controlada, ya los antiguos propietarios metieron a otras familias o para ganarse un dinero o para que el proceso comience de nuevo, tengan que ser declarados damnificados y se tenga que hacer de nuevo todo el proceso de reubicación y búsqueda de vivienda. Es un verdadero círculo vicioso.

Otras deciden invadir propiedades públicas o privadas, construir viviendas inestables, pagarle a estafadores que no tiene ningún título sobre esas tierras un "derecho a invadir" y crean, de forma anárquica, nuevos asentamientos sin ningún servicio. Pronto comienzan a demandar aguas blancas, tratamiento de aguas negras, electricidad, recolección de desechos, seguridad y un sinfín de necesidades no cubiertas por la misma forma en que se inició ese asentamiento. Primero llegan los habitantes, sin ninguna planificación ni equipamiento urbano, y luego, casi de inmediato, reclaman los servicios y hacen colapsar los servicios que eran suficientes para una zona, planificados para una población.

El círculo vicioso sólo se puede romper con una verdadera política habitacional integral. Ningún Estado por sí sólo es capaz de satisfacer la altísima demanda de vivienda de sus pobladores. Debe trabajarse obligatoriamente con la empresa privada en la generación de viviendas.

El Estado debe asegurar que exista equipamiento urbano, es decir, que existan todos los servicios básicos para las nuevas viviendas y que se creen escuelas cercanas, parques, ambulatorios y hasta propiciar el establecimiento de industrias generadoras de fuentes de empleo, o al menos, transporte público eficiente para que la población laboral pueda trasladarse a sus centros de trabajo de manera segura y eficiente. Esa es una política habitacional integral.

Un estado responsable se convierte en el gran promotor. Si una familia, luego del respectivo estudio socioeconómico, no tiene posibilidades conforme a sus ingresos de adquirir la nueva vivienda, un estado con conciencia social se la subsidia, la adquiere del constructor y la adjudica a la familia. Si la familia puede pagar, el Estado le sirve de garante al crédito habitacional a bajo interés.

Es sólo con el concurso de lo público y lo privado que este cáncer existente en nuestro país podrá ser curado. Si el Estado se empeña en construir el mismo y regalarlo todo, la demanda de viviendas seguirá creciendo, los barrios seguirán densificándose ante la ausencia de soluciones reales, seguirán apareciendo invasiones y nuevos barrios sin servicios que demandarán ser atendidos. Seguirá el desorden urbano.

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