Los grupos parlamentarios contra la Ley de Extranjería

El Grupo Socialista ha introducido una enmienda a la redacción del texto para que puedan empadronarse los extranjeros que vivan en un municipio aunque lo hagan irregularmente. Además, matizan varios aspectos para garantizar el acceso de los menores a los servicios básicos y su derecho a la educación, concretar el tratamiento de las víctimas de violencia machista y asegurar que los inmigrantes enfermos puedan no ser retenidos en Centros de Internamiento (CIE).

Asimismo, proponen varias modificaciones para la trasposición del Convenio del Consejo de Europa sobre trata de personas con fines de explotación y de la Directiva Europea que regula la entrada en el Espacio Schengen de personal extranjero altamente cualificado (la conocida como 'tarjeta azul'), ya que los términos de esta nueva norma no se habían concretado cuando el Gobierno elaboró el anteproyecto de Ley.

PP pide una agenda de coordinación

Mientras, el PP ha presentado 70 enmiendas destinadas a favorecer la inmigración "legal, ordenada y vinculada al mercado de trabajo". Los 'populares' proponen la creación de un visado especial para la búsqueda de trabajo, impedir las regularizaciones masivas y crear una Agencia de Inmigración que coordine las competencias del Gobierno central en esta materia.

Asimismo, quieren favorecer la inmigración circular y cualificada, limitar la reagrupación en cadena, expulsar a los inmigrantes que hayan sido condenados a penas superiores a los seis meses y proponen la creación de centros de menores en los países de origen para poder repatriar a los jóvenes y niños inmigrantes que lleguen a España de manera irregular. 

CiU y las competencias de Cataluña

Por su parte, las enmiendas de CiU, unas 60, se centran en blindar las competencias de Cataluña en materia de Inmigración que recoge el Estatuto de Autonomía y que están relacionadas con la potestad para expedir permisos de trabajo, la gestión de las políticas de primera acogida e integración socioeconómica y la participación activa del Gobierno regional en la selección del contingente de trabajadores extranjeros contratados en su país de origen.

Además, la formación propone que se tenga en cuenta antes de conceder la nacionalidad a un extranjero su "conocimiento suficiente" de las lenguas cooficiales del Estado. En este sentido, persiguen que sea la comunidad autónoma quien acredite el grado de integración del inmigrante como paso previo a su nacionalización, según las enmiendas a las que ha tenido acceso Europa Press.

IU-ICV-ERC y PNV

En cuanto a IU, ICV y ERC, además de registrar una serie de enmiendas particulares, han presentado propuestas conjuntas entre las que destaca la creación de un "comité de garantías" en cada centro de internamiento de extranjeros compuesto por representantes de instituciones, sindicatos, colegios profesionales y ONG para "velar por el máximo respeto a los derechos humanos" en estas instalaciones.

El PNV, por su parte, con un total de 105 enmiendas, se centra en intentar eliminar lo que el portavoz de la formación en el Congreso, Emilio Olabarría, denomina "impronta conservadora" sobre la Ley de Extranjería, por lo que el grueso de las modificaciones se centran en afianzar el reconocimiento de los derechos de los extranjeros con independencia de su situación administrativa. Además de otros cambios, propone eliminar la restricción de la reagrupación familiar de ascendientes a los mayores de 65 años por entender que es "contraria" a la Constitución.

Los menores, política de Estado

A su vez, el Grupo Mixto quiere, entre otras modificaciones, que los extranjeros puedan reagrupar a sus familiares desde el momento en que obtengan la autorización inicial de residencia y no cuando el permiso sea de larga duración (a los cinco años de residir legalmente), como está previsto, y piden que el Gobierno regule por Ley Orgánica el funcionamiento de los CIE, el lugar de hacerlo mediante la aprobación de un Reglamento. 

Dentro de este grupo, destacan asimismo las enmiendas planteadas por Coalición Canaria en el articulado relativo al tratamiento de los menores inmigrantes que llegan a España sin compañía de un adulto. Para la formación, es fundamental dar "carácter de política de Estado" a esta cuestión al tiempo que se deben "abrir posibilidades de actuación" para las autonomías reconociendo su capacidad para suscribir convenios de repatriación con los países de origen.