El PP pedirá en el Congreso y en el Parlamento andaluz la dimisión de Chaves por "mentir"

El Comité de Dirección del PP ha tomado la decisión de dar la batalla en el caso Matsa. Así lo ha puesto de relieve María Dolores de Cospedal, que ha instado a Manuel Chaves a dar explicaciones en el Congreso de los Diputados. Sobre el caso Matsa, la secretaria general del PP avanzó que el Grupo Popular preguntará en la sesión de control de esta semana a Chaves si "desde que es vicepresidente tercero del Gobierno siempre ha dicho la verdad en sede parlamentaria". Por su parte, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, también llevará al Parlamento andaluz el "Caso Matsa", pidiendo su dimisión.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, debería presentar su dimisión si se demuestra que mintió al Congreso cuando el pasado mes de junio afirmó que su hija Paula no había tenido participación alguna, "ni como apoderada ni como nada", en la polémica subvención a favor de la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa).  Según reveló el diario 'El Mundo', la hija del ministro de Política Territorial fue quien validó la documentación aportada por otra asesoría jurídica a favor de Matsa, como así lo indicado el ex apoderado que trabajó con ella en la elaboración del expediente.

Sáenz de Santamaría recordó que el PP interrogará mañana en el Pleno del Congreso al vicepresidente de Política Territorial sobre esta cuestión, sobre la que dijo esperar que el ministro explique "por qué ha mentido al Parlamento" y por qué sus declaraciones son desmentidas por personal de Matsa "que lo conocía muy bien". "No sabemos si Chaves ha mentido en esta Cámara, como así lo demuestran las informaciones. Lo sabremos mañana, cuando se pondrá ante la evidencia de sus propias falsedades", afirmó la portavoz 'popular'.

LA HIJA "HIZO MUCHO"

En todo caso, Sáenz de Santamaría destacó que si se evidencia que la hija del ex presidente de la Junta de Andalucía "hizo mucho" por el cobro de la subvención en favor de Matsa, el vicepresidente tercero del Ejecutivo "debería sencillamente dimitir".  Dicho esto, la dirigente 'popular' defendió que, tras conocerse la información del citado diario nacional, la Fiscalía debería reconsiderar su posición y pedir que continúen las investigaciones que se están llevando a cabo en el Tribunal Supremo.

En este sentido, recordó que hay un procedimiento judicial abierto en relación con el caso Matsa y añadió que su formación aportará al procedimiento los nuevos datos publicados en la prensa . Tras ello, ha anunciado que su partido pedirá al juez que pregunte al Ministerio Fiscal "si mantiene la postura que mantuvo en su día" sobre este caso, a favor del archivo de las actuaciones.."A la luz de los nuevos datos que conocemos, vamos a solicitar que el fiscal se vuelva a pronunciar acerca de si mantiene esta postura favorable al archivo o si piensa seguir investigando", recalcó, para añadir que "el PP va a hacer lo que los ciudadanos le demandan, que es seguir hasta el final".

Por su parte, la secretario general del PP, María Dolores de Cospedal dijo que "parece" que "no dijo la verdad" en el Parlamento y por eso su formación se lo va a volver a preguntar en sede parlamentaria."Si se demuestra que mintió, tendrá que dimitir", apuntó, en línea con las declaraciones que realizó el vicesecretario de comunicación, Esteban González Pons.Las declaraciones a un medio de comunicación del apoderado que en nombre de la empresa Minas de Aguas Teñidas SA (Matsa) Francisco Javier López Rubio, pidió a la Junta de Andalucía la ayuda pública de más de diez millones de euros, quien reconocía que "para conseguir el incentivo "se trabajó" con la hija del ex presidente andaluz, Paula Chaves Iborra", han vuelto a destapar un escándalo que había quedado "dormido" después de la presentación por el PP de la querella ante el Supremo.

Por su parte, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, aseguró ayer que su partido exigirá en el Parlamento andaluz que el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, presente su dimisión por haber "mentido y cometido perjurio" en el Congreso de los Diputados, cuando aseguró que su hija Paula no tuvo "vinculación directa" en la subvención concedida a la empresa Matsa, cuando él era presidente de la Junta de Andalucía, algo que, según el dirigente 'popular', se ha demostrado falso con las declaraciones del apoderado de la entidad, quien asegura que sí estuvo vinculada.

Sanz anunció que su formación ha registrado con carácter "urgente" una pregunta oral en la Cámara andaluza para que el Consejo de Gobierno responda sobre esta cuestión el próximo jueves en la sesión plenaria. "Las palabras del apoderado de Matsa, persona clave en este asunto, vienen a demostrar que la iniciativa del PP de interponer una querella no se fundamentaba en una sospecha", agregó el secretario general del PP-A. En esta misma línea, el dirigente 'popular' indicó que su formación va a solicitar que la querella presentada contra Chaves ante el Tribunal Supremo (TS) se amplíe con la citada declaración del apoderado, por considerar este testimonio da "peso y fortaleza", tanto a la querella como al contencioso-administrativo presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Asimismo, Sanz afirmó que en una democracia "normal" Chaves ya tendría que haber dimitido a raíz de este asunto, añadiendo que el caso Matsa, ya no es sólo un problema para el ex presidente andaluz, sino también para el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "porque mantiene en el Gobierno a un vicepresidente que es capaz de cometer perjurio en el Congreso de los Diputados".

Por último, el secretario general del PP-A consideró "lógico" que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y el propio Chaves no hayan puesto fecha al congreso extraordinario que celebrará el PSOE-A para nombrar a Griñán secretario general del partido. Y es que, según dijo, puede que éste tenga que celebrarse antes de lo previsto debido a la repercusión política que pueda adquirir el caso Matsa.

EL CASO, EN DOS TRIBUNALES

El denominado "Caso Matsa" se encuentra en estos momentos en dos tribunales. El TSJA, es decir el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que es el que tiene que pronunciarse ante el recurso interpuesto por el PP de Andalucía en septiembre de 2009. Téngase en cuenta que el dictámen técnico-administrativo y jurídico de la Junta gracias al cual el Ejecutivo de José Antonio Griñán decidió no sancionar a Chaves por incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos afirmó que no estaba acreditado el conflicto de intereses entre el puesto ocupado por el padre (entonces presidente de la Junta) y el de la hija (apoderada de Matsa). Esto es, que Manuel Chaves tendría que haber sido oficialmente informado de la presencia de su hija en Matsa y que como no lo fue, no había tal conflicto de intereses, por ello, la Junta decidió ni sancionar a Chaves.

La "absolución política" de Chaves se adoptó a propuesta de la Consejera de Justicia y Administración Pública, motivado por el informe de la Inspección General de Servicios, que no aprecia indicios de infracción contra el artículo 7 la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta. La subvención a Matsa fue aprobada por acuerdo del Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía de 13 de enero de 2009 y ratificada por acuerdo de Consejo de Gobierno de 20 de enero de 2009.

Además, el Tribunal Supremo aún tiene que pronunciarse sobre la querella presentada por el PP por prevaricación administrativa y tráfico de influencias por los casi 10,1 millones de euros concedidos a la firma apoderada por su hija.

TEXTO DE LA QUERELLA DEL PP

En la querella presentada por el PP ante el Tribunal Supremo, se hace una pormenorizada descripción de los hechos ocurrido y se describe la vinculación directa de la hija de Manuel Chaves con la gestión de la subvención a la empresa Matsa, de la que era apoderada.

Así, con fecha 11 de octubre de 2007, la entidad Minas de Aguas Teñidas, SA.U. presenta en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, solicitud con número de registro 21541, interesando la concesión de un incentivo a fondo perdido para la construcción de un planta de tratamiento mineral, con fundamento en lo dispuesto en la Orden de 19 de abril de 2007 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2007 a 2009, iniciándose el expediente administrativo para la concesión del incentivo solicitado.

El 18 de octubre de 2007, la Agencia IDEA notifica a Minas de Aguas Teñidas, S.A.U. que el proyecto de inversión cumple, en principio, las condiciones establecidas en la convocatoria para ser considerado incentivable. Con fecha 4 de noviembre de 2008, la Delegación Provincial de Huelva de la Agencia IDEA formula a la Comisión de Valoración la primera propuesta de incentivo a Minas de Aguas Teñidas, S.A.U. por un importe de 6.931.780’35 Euros. Con fecha 09 de diciembre de 2008, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa dicta una nueva Orden, que entra en vigor el 18 de diciembre de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras de un Programa de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2008 a 2013, derogando la hasta entonces vigente, de fecha 19 de abril de 2007.

La tercera de las propuestas, y última que formula la Delegación Provincial a la Comisión de Valoración, eleva la cifra del incentivo a 10.093.472’70 Euros.

El 13 de enero de 2009, el Consejo Rector de la Agencia IDEA, resuelve conceder el incentivo a Minas de Aguas Teñidas, S.A.U., por un importe de 10.093.472,70 Euros, resolución que es ratificada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 20 de enero de 2009, presidido por don Manuel Chaves González 

Doña Paula Chaves IBorra, hija de don Manuel Chaves González, es nombrada representante de la entidad Minas de Aguas Teñidas, S.A.U., por escritura de apoderamiento de fecha 17 de octubre de 2008, cuya inscripción en el Registro Mercantil de Huelva es de fecha 12 de noviembre de 2008. Entre las facultades conferidas, se encuentran las siguientes: “comparecer ante cualesquiera Notaría, Registro Público, Administración de Hacienda o Agencia Tributario, oficina o funcionario del Estado, Administración Central, Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio (…) y en ellos, instar, seguir y terminar, como tercero, coadyuvante, requirente o en cualquier otro concepto, toda clase de expedientes y procedimientos contencioso-administrativos, económicos-administrativos, de trabajo, gubernativos, notariales, hipotecarios, de Hacienda y de cualquier otra clase”. 

Posteriormente, con fecha 14 de enero de 2009 los administradores mancomunados de Minas de Aguas Teñidas, S.A.U. otorgan una nueva escritura a favor de la Sra. Chaves Iborra, por la que la apoderan de forma especial para que en nombre y representación de la sociedad, y en la forma más amplia y completa pueda ejercitar las facultades conferidas en el cuerpo de la escritura. Dicha escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de Huelva el 4 de marzo de 2009.

En consecuencia, en la fecha en la que el Consejo Rector de la Agencia IDEA resuelve aprobar el incentivo solicitado por Minas de Aguas Teñidas, S.A.U., la señora Chaves Iborra figuraba y actuaba como apoderada de la misma, y en la fecha en la que la resolución aprobatoria del incentivo es ratificada por el Consejo de Gobierno, presidido por su padre, 20 de enero de 2009, dicha señora continuaba siendo apoderada de la misma. Por ello, el Sr. Chaves González, afirma la denuncia, ha incurrido en la infracción prevista en el articulo 7 de la Ley 3/2005, de 8 de Abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, dado que no se inhibió de conocer de este asunto, al presidir el Consejo de Gobierno de 20 de enero de 2009, que aprobó el mencionado incentivo a Minas de Aguas Teñidas, S.A.U.

Pues bien, don Manuel Chaves González ha sido alto cargo de la Junta de Andalucía, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 3/2005, en las fechas en las que se aprobó la concesión del incentivo, 13 de enero de 2009 y en la que dicha resolución fue ratificada por el Consejo de Gobierno, presidido por él mismo. Por su parte, doña Paula Chaves Iborra en las fechas referidas, era apoderada de la entidad a la que se concede la subvención. De la relación de parentesco, no cabe duda, y tampoco existe duda que don Manuel Chaves González haya conocido de la subvención concedida a la empresa apoderada y representada por su hija. Además, todos los elementos necesarios coinciden en el tiempo.

Don Manuel Chaves González se debió de inhibir en el Consejo de Gobierno donde se acordó ratificar el acuerdo adoptado por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, atendiendo a la naturaleza de esta ratificación, que no es un mero acto formal, sino necesario y constitutivo, según lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se determina qué órganos son competentes para conceder subvenciones, a la vez que declara “necesario el acuerdo del Consejo de Gobierno para autorizar la concesión de subvenciones y ayudas cuando el gastos aprobar sea superior a 500.000.000 de pesetas”, añadiendo que “la autorización del Consejo de Gobierno llevará implícita la aprobación del gasto correspondiente”.

En consecuencia, el acuerdo del Consejo de Gobierno no es una mera ratificación, sino una autorización previa y preceptiva, que lleva implícita la aprobación del gasto, resultando un requisito esencial para el otorgamiento de la subvención la aprobación del gasto por el órgano competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.4.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Respecto a las funciones y facultades que ostenta la señora Chaves Iborra en la entidad subvencionada, según el comunicado emitido por la empresa Minas de Aguas Teñidas, S.A.U., el pasado día 27 de mayo de 2009, que se hace público por diversos medios de comunicación, figuran las siguientes: “Doña Paula Chaves Iborra, es empleada de MATSAU desde el 2 de julio de 2007, responsable del Departamento Jurídico, con facultades de representación de la compañía, y entre sus funciones están la gestión de contratos, el asesoramiento legal interno a todas las áreas, la gestión y tramitación de incentivos y ayudas y la representación de la sociedad ante cualquier notaria, registro o Administración Pública”.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 15.1.a) y 2.a) de la Ley 3/2005, la falta de inhibición constituye una infracción muy grave cuando se haya producido daño manifiesto a la Administración de la Junta de Andalucía; y una infracción grave en el resto de los casos. Las infracciones muy graves y graves serán sancionadas con la declaración del incumplimiento de la Ley y la publicación de esta declaración en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 3/2005, ordenándose el ejercicio de las acciones que correspondan cuando puedan derivarse responsabilidades de otro tipo.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 3/2005, quienes hubieran sido sancionados por la comisión de una infracción grave o muy grave serán, en su caso, cesados y no podrán ser nombrados para ocupar determinados cargos durante un período determinado que va desde los tres hasta los diez años, según el caso.

Atendiendo a que el Sr. Chaves era Presidente de la Junta de Andalucía al tiempo de cometerse la infracción denunciada, correspondía la competencia para la instrucción del presente procedimiento sancionador al Consejo de Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 3/2005.