En ese sentido, los jueces requirieron al Estado peruano adoptar “todas las medidas necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes… que fueron ordenados por el tribunal en la sentencia del 29 de noviembre de 2006”.
Para eso, dieron plazo al 1 de marzo del próximo año para que las autoridades peruanas informen sobre el avance en este caso, que remite al secuestro y asesinato en julio de 1992 de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, uno de los casos por los que fue enjuiciado el ex presidente Alberto Fujimori.
“Este tribunal observa que a tres años de notificada la sentencia, sólo se ha hecho efectivo el pago por concepto de daño material a favor de algunas víctimas, mas no se ha hecho mención alguna sobre el avance de las gestiones tendientes a realizar el pago por concepto de daño material a favor de otras víctimas, del pago por concepto de daño inmaterial y del pago en concepto de costas y gastos”, destacó el fallo.
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