El Fiscal General del Estado ha dicho que el país requiere una política criminal que permita identificar las causas y diseñar acciones para reducir los índices de criminalidad. Añadió que los decretos de emergencia o estados de excepción, las reformas penales y la compra de armas y equipos a la Policía no son suficientes para encarar el problema. Y quedó en el aire la pregunta de que si el Estado cuenta con una política que dé soluciones a la criminalidad.
Coincidió esta información con otra que indica que Latinoamérica en lo que va de año perdió un millón de empleos, según un informe de la OIT, de datos aportados entre otros países, por Ecuador. Las cifras oficiales hablan de un crecimiento del desempleo sostenido y desde luego que el subempleo también tiende al alza. Un problema social y económico muy grave, cuya solución requiere de una política agresiva, ponderada y alejada de cualquier clase de populismo.
Hacia el desempleo y el subempleo deberían mirar a la hora de enfrentar la criminalidad. Pese a las desmesuradas inversiones del régimen en vialidad, agricultura y en otros rubros tradicionalmente generadores de empleo, este agudo problema no disminuye. La incertidumbre, por ejemplo, en torno al salario mínimo vital o el que denominan salario digno, así como el reciente y cuarto paquetazo fiscal aprobado por la Asamblea Nacional, poco abonan en su solución.
Un paso importante e insoslayable para disminuir la criminalidad es, sin duda, la creación de empleos. El desempleo, quiéranlo o no, es una causa de mucho peso.
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