Hay en el proyecto de Ley de Comunicación que se discute en la Asamblea Nacional una falencia muy notable que, sin embargo, salta a la vista de cualquier observador un tanto ecuánime.
En sentido general, no lo inspira un afán de establecer una política sana respecto a la generación de opinión e información, tampoco establece las diferencias entre ambas, sus funciones específicas y alcances dentro de la sociedad.
El proyecto oficialista es poco visionario, pues sólo va contra las empresas de comunicación y sus accionistas. Quieren sus mentalizadores “meterlas en cintura”, acorralarlas y, si es posible, hacer desaparecer a las que consideren más peligrosas para su real estrategia política e ideológica. Algunas desparecerán, pero la mayoría buscará la forma de seguir trabajando empresarialmente con las nuevas “reglas de juego”.
Es un proyecto de ley con dedicatoria, pensado para un país con un Partido-Estado y destinado a perpetuar ese modelo. No busca garantizar el libre flujo de información veraz, pues la veracidad habrá de ajustarse a lo que ese modelo considere como tal.
El proyecto oficialista abre las puertas a un tipo de información con fuertes tintes ideológicos, o sea, como la que pretender eliminar, pero con otra orientación.
A la luz de la historia no es más que la constatación de una tendencia regular. Significará un retroceso, que periodistas y lectores, radioescuchas, televidentes e internautas seremos lo primeros en lamentar. Decir esto es como predicar en el desierto, pero hay que perseverar con firmeza... hasta que se pueda.
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