Rechazo a mordaza de 72 horas para Teleamazonas

En una resolución sin precedentes, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) suspendió por 72 horas a Teleamazonas. La empresa televisora acató bajo protesta la sanción, que no cumple con los requisitos legales. Es una resolución con deleznables fundamentos legales, y que viola la libertad de expresión consagrada en la Constitución vigente. La sanción se fundamenta en la Ley de Radiodifusión de la dictadura militar de Rodríguez Lara, a la que se introdujeron algunas reformas durante el Gobierno de Durán Ballén, en 1995.

La noticia de la sanción se difundió cuando en la Asamblea comenzaba el primer debate de la Ley Orgánica de Comunicación, para el cual los asambleístas del oficialismo y de la oposición habían llegado a un acuerdo en torno a siete de los temas más restrictivos del proyecto inicial, uno de los cuales es la existencia de un Consejo, integrado por representantes del Gobierno, y que cuenta con potestades reguladoras y sancionadoras. El acuerdo aceptaba ese Consejo, sin integrantes del Gobierno ni potestad para clausurar o suspender medios. Los asambleístas de la oposición, tras conocer que el Gobierno había sacado del aire a Teleamazonas, consideraron que se había roto el acuerdo y reiteraron la propuesta inicial de archivar el proyecto. Esta sanción que se escuda en una ley de la dictadura es un ejemplo concreto de las desproporcionadas lesiones para la libertad de expresión y de prensa de organismos administrativos con capacidades censoras y de suspensión o clausura de medios de comunicación. Desde el oficialismo, sigue la defensa cerrada del Consejo de Comunicación con potestades punitivas, inclusivo más graves que las que ahora ejerce con Teleamazonas la Suptel. Nuestro rechazo a la injusta suspensión, nuestra expresión de solidaridad a los periodistas y todo el personal de la empresa y la ciudadanía lesionados por esta decisión política contra la libertad de expresión.