La Generalitat valenciana ya aseguró cuando se aprobó el texto por el Congreso de los Diputados que en la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón
"se ve claramente cómo es perfectamente compatible el respeto a los derechos que tiene el pueblo de Aragón al agua del Ebro y a la reserva hídrica" de 6.500 hectómetros cúbicos con el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y con el trasvase a la Comunitat.
El Consell --a través de su portavoz, Vicente Rambla-- indicó entonces que el Estatuto aragonés "políticamente y jurídicamente no ofrece ninguna duda" en materia de planificación hidrológica al ser "absolutamente concluyente" a la hora de establecer que esta tarea "corresponde al Estado, de acuerdo con la Constitución, las leyes y la normativa europea".
La reforma aragonesa contó con el consenso de PSOE y PP, y sus principales escollos, entre ellos el que se refería a la regulación de los aspectos relacionados con el agua, fueron resueltos en negociaciones en Madrid previas al debate en la Comisión Constitucional. Finalmente, en el Estatuto aragonés se recoge una reserva de agua de 6.550 hectómetros cúbicos para esta comunidad vinculada a la planificación nacional.
La Generalitat valenciana advirtió al inicio de la tramitación de la reforma estatutaria aragonesa de que recurriría el texto ante el Constitucional si se mantenía el blindaje del Ebro y se fijaban requisitos adicionales que dificultaran la realización de algún tipo de trasvase o la utilización de aguas excedentarias, algo en lo que consideran que sí ha incurrido el Estatuto catalán.
Por el contrario, el Gobierno de Aragón sí ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el artículo del Estatuto de la Comunitat Valenciana que regula el derecho de los valencianos a la redistribución de sobrantes de aguas de otras cuencas.
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