Una Constitución que no prevea la solución de importantes problemas que presenta o pueda presentar la sociedad, cuya vida regula, es que está desfasada o es poco democrática. No es extraño que le ocurra a la nuestra del año 1978, elaborada y aprobada en circunstancias políticas y sociales de emergencia y que la condicionaron seriamente.
El país salía de una larga dictadura y se proponía normalizar su vida pública, pero los actores que debían afrontar esta tarea, por muy buena fe que tuvieran e hicieran muchas renuncias partidarias, ellos mismos por sus propias vivencias y la sociedad a la que representaban, estaban viciados en sus
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perspectivas y sus posibilidades.
Haber vivido una guerra fratricida y después casi cuarenta años de régimen totalitario, no eran la mejor situación ni el mejor clima para elaborar un texto constitucional definitivo. Sus condicionantes personales y las circunstancias sociales de presiones de todo tipo (recuerdo trágico del pasado, fuerte presencia de factores políticos, económicos, militares, eclesiásticos, entonces predominantes) hacían imposible ir más allá de redactar una Constitución provisional, que es la que tenemos.
La misión salvadora del ejército respecto de la unidad de España, concebida como única nación, y la imposibilidad de que alguno de los pueblos que la integran pueda encontrar una vía legal de elegir, con todas las garantías democráticas, su futuro si muy mayoritariamente lo desea, además de la gran rigidez de la reforma de la misma Constitución, son ejemplos de carencias democráticas de nuestra Carta Magna.
Sobre ello habrá que meditar seria y serenamente y, en el momento más propicio, plantear su reforma, antes que algunos problemas se agraven o surjan otros que, a falta de flexibilidad o de posible modificación de la norma constitucional a las nuevas demandas sociales, nos atropellen o planteen un serio problema de convivencia.
Si (
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