La demanda se sustenta en la supuesta ejecución extrajudicial del senador Manuel Cepeda Vargas, "líder de la Dirección Nacional del Partido Comunista Colombiano y prominente figura del partido político Unión Patriótica", indicó la Corte en un comunicado.
La acción presentada a la Corte en noviembre de 2008, tras el asesinato de Cepeda el 9 de agosto de 1994 en Bogotá, busca responsabilizar al Estado colombiano por su falta de diligencia en la investigación y sanción de los autores del crimen. La acusación también considera que hubo una "obstrucción de justicia y la falta de reparación adecuada a favor de los familiares de la víctima".
La CIDH con sede en Washington, y los abogados de los familiares de Cepeda destacaron en su demanda que se debe tomar en cuenta "las dimensiones de la responsabilidad del Estado colombiano por el homicidio del último Senador electo de la Unión Patriótica".
Según la Comisión, este caso "refleja la situación de los miembros del partido político Unión Patriótica, los actos de hostigamientos, persecución y atentados en su contra, y la impunidad en que se mantienen tales hechos".
De acuerdo con la parte acusadora, el homicidio no fue aislado, sino parte de un patrón de ejecuciones sistemáticas dentro del cual más de mil partidarios de la Unión Patriótica fueron asesinados en el país.
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