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A través de la senadora María de los Ángeles Moreno

Presenta el  Partido Revolucionario Institucional en el Senado su reforma para el Distrito Federal

Presenta el Partido Revolucionario Institucional en el Senado su reforma para el Distrito Federal

miércoles 24 de marzo de 2010, 02:48h
La senadora del PRI María de los Ángeles Moreno presentó su iniciativa de reforma política al Distrito Federal, que contempla sustituir la figura del jefe de Gobierno por la de alcalde. Asimismo prevé convertir las 16 delegaciones en 20 departamentos territoriales.

Al presentar la propuesta, la presidenta de la Comisión del Distrito Federal en el Senado planteó que sea la Asamblea Legislativa y no el Congreso de la Unión la encargada de aprobar la deuda de la capital del país.

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que el DF se regiría por la Constitución Política mexicana, dos leyes del Congreso de la Unión y un estatuto jurídico expedido por la Asamblea Legislativa, por lo que no contaría con una Constitución propia.

Además se propone que el nombramiento del secretario de Seguridad Pública local corresponda al alcalde capitalino, previo acuerdo con el presidente de la República.

También planteó que el alcalde de la ciudad de México pueda ser removido por el Senado de la República en el caso de una anomalía o una mala actuación.

La propuesta de Moreno Uriegas establece responsabilidades políticas y administrativas al alcalde y a los responsables de los departamentos territoriales.

En ese sentido añade la figura de “gran alcaldía”, que tendría atribuciones propias del Poder Ejecutivo y estaría conformada por el propio alcalde en turno y 17 concejales elegidos por voto universal y secreto.

El Distrito Federal tendría autonomía en su régimen interior mediante un modelo de autogobierno con competencias propias y plenas además que seguiría la capital del país y sede de los poderes federales como lo determina la Constitución.

Senado estudia regular suspensión de garantías

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Reforma del Estado y Estudios Legislativos discuten una reforma al artículo 102 constitucional para otorgar facultades de investigación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Para regular la suspensión de garantías individuales en el marco de la lucha contra el narcotráfico.

Los senadores de distintas fuerzas políticas analizan la minuta de decreto que modifica la denominación del capítulo I de la Constitución, "De las garantías individuales". Sobre el tema, el senador del PRD, Pablo Gómez, exigió a sus compañeros ser "muy puntillosos" porque aprobar esta minuta significa entrar al terreno de la suspensión de garantías.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Alejandro Zapata Perogordo (PAN), explicó que la transformación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se traducirá en  la creación de una contraloría que funcione durante un eventual estado de excepción.

En el proyecto de dictamen, se establece que en caso de invasión o perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro, “en ningún caso podrá restringir o suspenderse el derecho a la no discriminación, la prohibición de la pena de muerte, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la integridad personal, al nombre, al nombre y a la protección de la familia”.

Y deja claro que “la restricción o suspensión de derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.

El dictamen incluye que el presidente de la CNDH , integrantes del Consejo Consultivo y titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativa se realicen con base en una consulta pública.

De aprobarse este dictamen en el Pleno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos "ejercerá facultades de autoridad investigadora en los términos de ley".

Los senadores evalúan si eliminan  o no las siguientes facultades, que complementarían en párrafo anterior: "para lo cual podrá citar a cualquier persona, requerir y obtener información de las autoridades sin que se pueda alegar el carácter de reservada, aún por parte del Ministerio Público; ordenar el desahogo de diligencias o  solicitar el auxilio de la fuerza pública".
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