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Una coalición de derechos civiles presenta una demanda contra la ley SB1070

martes 18 de mayo de 2010, 03:46h

Una coalición de grupos defensores de los derechos civiles presentó una demanda que cuestiona la legalidad de la ley estatal SB1070 en Arizona, la primera en el país en criminalizar la presencia de indocumentados.

La demanda presentada en una corte federal, que tiene como principal objetivo evitar que entre en vigor la SB1070 el próximo 29 de julio, alega que la ley estatal viola la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, es una invitación a la práctica del perfil racial en contra de las personas de color e interfiere con la ley federal.

"Hoy estamos presentado una demanda comprensiva en contra de una de las leyes estatales y locales más extremas y peligrosas sobre la inmigración ilegal", dijo Omar Jadwat, abogado del proyecto de los derechos de los inmigrantes de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, en inglés), durante una conferencia de prensa telefónica.

"Esta ley ha provocado enojo y rechazo en cada segmento de la sociedad, es anti americana, causará discriminación, hostilidad y sospecha sobre la base del color de la piel, acento y la apariencia. Esta ley convierte la frase "enséñame tus papeles" en el modelo de Arizona", enfatizó el abogado.

Informó que en la demanda se asegura que la ley estatal de Arizona interfiere con el poder y la autoridad del Gobierno federal para aplicar leyes de inmigración, así como viola la garantía de igualdad de protección bajo la cuarta y décimo cuarta enmienda de la Constitución.

La coalición está integrada por ACLU, el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), el Fondo México Americano para la Defensa Legal y Educación (MALDEF), la Asociación Nacional por el Avance de la Gente de Color (NAACP), entre otros.

La SB1070, que fue firmada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, el pasado 23 de abril, convierte en un delito menor la presencia de inmigrantes indocumentados, lo que puede llevar a una condena de hasta seis meses de prisión.

También otorga el derecho a las agencias del orden de cuestionar a cualquier persona sobre su estatus migratorio si tienen sospecha de que se encuentran de manera ilegal en EEUU.

Además penaliza a los extranjeros que no porten sus documentos de migración al momento de ser cuestionados por las autoridades y convierte en un delito solicitar empleo en las calles.

"El problema es que el estatus migratorio de una persona es eso, un estatus legal, no es visible ante los ojos", dijo Nina Perales, directora de la región suroeste de MALDEF, en la misma conferencia de prensa.

"La policía se verá obligada a señalar a un solo grupo de personas basándose en su color de piel o el idioma que hablan", dijo Perales.

La demanda representa a una coalición de organizaciones locales, trabajadores y a un grupo de ciudadanos estadounidenses, entre ellos, Jim Shee, un ciudadano estadounidense de ascendencia española y china que asegura que aunque la ley SB1070 aún no ha entrado en vigor, ya ha sido detenido dos veces por agentes en este estado que le han pedido ver sus "papeles".

Otro demandante es Jesús Cuauhtemoc Villa, un residente del estado de Nuevo México y estudiante en la Universidad del Estado de Arizona.

Villa tiene temor de ser detenido por las autoridades en Arizona ya que no cuenta con un pasaporte y no quiere arriesgarse a perder su acta de nacimiento al tener que llevarla consigo todo el tiempo.

El estudiante sólo cuenta con una licencia de conducir de Nuevo México, pero ese estado no requiere prueba de ciudadanía para obtener este documento.

Esta es la quinta demanda interpuesta en Arizona en contra de la ley estatal SB1070, entre ellas se encuentran las de dos policías hispanos, uno de Tucson y otro de Phoenix, que se oponen a la nueva regulación.

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