La CIDH denunció el estado de las cárceles de la provincia de Buenos Aires

Además, señala que recibió información sobre torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro de las cárceles, y sobre la ausencia de programas de rehabilitación y educación adecuados.

Las conclusiones se redactaron a partir de la visita del relator comisionado Rodrigo Escobar Gil y personal de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, del 7 al 10 de junio, invitados por el Gobierno argentino.
Como resultado, la CIDH expresó su "profunda preocupación por las graves condiciones de detención" y exhortó al Estado argentino a "asegurar condiciones mínimas de detención que sean compatibles con la dignidad humana".

Los casos de tortura y otros tratos crueles, según la información recibida por la CIDH, podrían alcanzar hasta 241 entre febrero y julio de 2010, de los que 115 fueron denunciados a las autoridades.
Estos incluyen palizas frecuentes, muchas veces seguidas de duchas frías, golpes propinados en la planta de los pies, disparos con balas de goma, aislamiento prolongado en celdas de castigo, hacinamiento y malas condiciones materiales.

La Relatoría conoció un caso de malos tratos a un miembro del servicio penitenciario como parte de un "ritual de iniciación" para ingresar en un grupo de elite de ese cuerpo, señaló.
La prolongación y "uso abusivo" de la prisión preventiva de presos es otra de las preocupaciones de la CIDH porque suponen una regresión de "los principios de inocencia, necesidad y proporcionalidad que deben regir este mecanismo procesal".

Según datos oficiales de las autoridades argentinas, hay 30.132 internos en esa provincia, de los que 4.040 se encuentran en centros policiales y un 61 por ciento no tienen una sentencia en firme.
Sin embargo, la CIDH indica que organizaciones de la sociedad civil calculan que más del 70 por ciento de las personas privadas de libertad se encuentran en prisión preventiva.

La organización insistió en que la detención preventiva es una "medida excepcional, de naturaleza cautelar y no punitiva", y exhortó a las autoridades a aplicarla así y a "adecuar la legislación procesal de la provincia a los estándares internacionales de derechos humanos".
Sobre la política de traslados de detenidos, la organización constató que se aplica "como forma de control del orden interno de los penales o sanción disciplinaria", una medida que se toma de manera "sucesiva e indiscriminada".
Entre los entrevistados, la CIDH destaca un interno que durante seis años estuvo en más de 40 unidades penitenciarias bonaerenses de las 54 que hay en total, y señaló que el preso pasó más de un par de veces por algunas