Desde hoy habrá más independentistas

El Tribunal Constitucional, legítimamente y haciendo uso de sus competencias que le han conferido los políticos -ahora no nos lamentemos-, ha dado alas a los catastrofistas del “cuanto peor vayan las cosas, mejor”. Quiero decir que desde las siete y pico de esta tarde, los partidarios de la independencia de Cataluña serán aún más.

Esta especie de divertimento de las consultas soberanistas, que ya escribí en un artículo que eran un síntoma de un malestar, tienen ahora material sobrado para ahondar en la herida del divorcio con una España oficial y una España sociológica que no reconoce la diferencia en una España de las autonomías que, recordemos, surgió precisamente para compensar el “hecho catalán” y el contencioso vasco, expresados de manera distinta, afortunadamente para los catalanes aunque no sé sí de manera rentable desde un punto de vista egoísta de “cuenta de resultados” ya que es la terminología con que nos obsequian a veces desde fuera.

Muchos catalanes, más o menos sensibilizados por la política y por la cuestión identitaria, pensarán hoy que no les dejan expresarse como son. Que incluso no les dejan expresarse cómo sentirse cómodos en una España plural.

Varios comentarios a raíz de la sentencia y al margen del mayor o menor alcance del consenso:
1) Es la primera vez que el Tribunal Constitucional mutila una ley aprobada por el Parlamento de Cataluña, las Cortes Generales -la soberanía del pueblo español que siempre invocan- y ratificada en referéndum por el pueblo catalán. Ya en 1934, Cataluña se rebeló contra el recorte de la Ley de Contratos de Cultivo (Llei de Contractes de Conreu).
2) Queda avalada la mayor parte del Estatuto. 15 artículos anulados entre 223 aun siendo significativos en algunos casos.
3) Seguramente todos dirán que han ganado: quienes recurrieron porque interpretarán que se les ha dado la razón, y los partidos promotores del Estatut -desde el tripartito a CIU, con modulaciones- porque han salvado lo sustancial, por ejemplo la cuestión identitaria, aun que sea de manera simbólica y no normativa.
4) El único que puede arrogarse un triunfo es el Partido Popular que es quien recurrió, pero no olvidemos que la misma pretensión perseguían el Defensor del Pueblo (institución del Estado) y los gobiernos autonómicos de Aragón (mayoría socialista) y Valencia (popular) aunque las objeciones en este caso no eran sobre temas soberanistas sino competenciales (el agua).
5) Esquerra Republicana dirá ahora que ellos ya lo advirtieron pero conviene recordar que su redactado iba más allá del que pulieron Zapatero y Artur Mas en la Moncloa cuando el PSC -¿verdad, Miquel Iceta?- ya estaban de acuerdo con un texto laminado por “expertos” como el actual ministro de Justicia y por el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra.
6) Sobre la sentencia en sí misma, da la sensación de que se ha querido buscar un empate técnico que no lo es, excepto entre los miembros del Tribunal, repartidos entre las mayorías del 8-2 y del 6-4. Se quiere salvar los muebles con la no anulación del carácter nacional de Cataluña, circunscrita ciertamente en el texto al preámbulo sin valor jurídico, y se mete mano en las competencias en la preeminencia de la lengua, la intervención en el poder judicial, las atribuciones del Síndic de Greuges respecto al homónimo Defensor del Pueblo y la capacidad de intervención en las cajas de ahorros, aspecto por cierto que se ha llevado aquí con prontitud, exquisitez y escaso intervencionismo.
7) La sentencia, después de marear la perdiz después de casi cuatro años y siete votaciones frustradas del texto de la ponencia, tiene una carga electoral evidente a cuatro o cinco meses vista de la cita en las urnas.