Las brechas y rupturas en torno a la democracia representativa como un sistema de gobierno más eficiente que la democracia directa, son tan antiguas en la ciencia política como el invento de la rueda. La participación directa de la sociedad civil en la toma de decisiones de gobierno, muchas veces es entendida como la posibilidad de ejercer un derecho, siempre y cuando esté mediado por alguna institución; es decir, la sociedad no podría gobernar nunca por sí misma porque si existiera tal opción, la participación debería expresarse a través de instituciones con reglas definidas como el referéndum o los plebiscitos. En estos casos, la ciudadanía solamente vota como cuando elije a los candidatos a la presidencia y el congreso. El voto de un referéndum, por ejemplo, equivaldría al mandato de la sociedad cuando ésta es consultada sobre una decisión gubernamental específica y crucial para el destino de un país.
Cuando el concepto democracia pone en el centro de la discusión los principios clásicos de soberanía popular, igualdad política, deliberación permanente y la aplicación del principio de “la mayoría manda”, se identifican escuelas de pensamiento donde destacan los choques entre “participacionistas”, “representacionistas” y una combinación de ambas posiciones.
Para los representacionistas, la mediación de los partidos políticos es más importante que la participación directa de los ciudadanos, porque sólo el desarrollo de los partidos reduciría los conflictos. El análisis del conflicto social se relaciona con la posibilidad que tiene un sistema de partidos para atenuar el enfrentamiento y equilibrar el sistema político. Los partidos concentrarían los conflictos en aquellos que detentan el poder y, eventualmente, permitirían que la sociedad cambie a los titulares del poder en elecciones libres; de todos modos, la participación ciudadana se limita sólo al periodo eleccionario. Los representacionistas afirman que un sistema de partidos competitivo contribuye a la estabilidad porque protege a la nación contra el descontento de sus ciudadanos, pues las protestas y los ataques son desviados del sistema en su conjunto y dirigidos hacia los titulares del poder junto a sus partidos.
Las tensiones entre democracia representativa y participativa expresan, en el fondo, la dialéctica entre conflicto e integración. La representación política intenta integrar a la gran mayoría de clases sociales y grupos organizados de la sociedad, mientras que la participación transmite diversas necesidades con el objetivo de solucionar conflictos profundos o decisiones gubernamentales muy controvertidas. Lo importante es analizar de qué manera un conflicto es capaz de traducir las demandas sociales en posibilidades efectivas de participación.
Para los representacionistas, exigir la participación constante y sostenida es prácticamente imposible en el gobierno de las naciones modernas, simplemente porque la democracia directa convertiría a los sistemas democráticos en algo irrelevante si cada ciudadano tuviera que emitir su opinión respecto a los problemas primordiales del gobierno. El gobierno representativo cumpliría, por demás, con los principios esenciales de la democracia eficiente. Sin embargo, establecer otro tipo de canales para aumentar la participación ciudadana, permite alcanzar múltiples beneficios democráticos como el aumento de la legitimidad en las decisiones y, por lo tanto, de quienes detentan el poder. La disponibilidad de los referéndums estimularía, asimismo, otros tipos de participación como el control más estricto de los gastos públicos, o diferentes alternativas de descentralización para lograr gobiernos municipales.
Por lo tanto, las consultas ciudadanas tienen que ser consideradas como herramientas adicionales de la democracia representativa, constituyendo un “tipo de institucionalidad democrática” capaz de convertirse en “una parte del gobierno”, con el propósito de resolver problemas determinados. Los críticos de la democracia directa continúan afirmando que una participación constante de la sociedad en las más altas decisiones y procesos políticos del gobierno, es impensable porque se introducirían distorsiones como la injerencia de intereses sumamente restringidos o corporativistas que no comprenden ni miran el conjunto del bienestar colectivo, lo cual es incorrecto porque la democracia representativa también evidencia la protección de intereses restringidos que reproducen circuitos de élite, muy perjudiciales para la calidad de un régimen democrático.
En una democracia más directa, los referéndums y plebiscitos tienen una función conciliadora para resolver disputas importantes en la sociedad, logrando dar un consejo o pautas de la opinión pública sobre los desacuerdos en torno a ciertas políticas. Las consultas populares son determinantes en el momento de resolver problemáticas relacionadas con la titularidad del poder y la protección de un sistema democrático, como lo sucedido en Chile para terminar con la dictadura en 1988, y el referéndum de revocatoria de mandato ejecutado en Bolivia el año 2008.
Si bien muchas veces no es viable preguntar sobre todas las decisiones gubernamentales, la democracia representativa necesita oxigenase con la aceptación de plebiscitos en calidad de instituciones democráticas, cuyas funciones pueden utilizarse para fomentar cambios constitucionales, modificaciones a la estructura territorial de los Estados, consultas de carácter moral en cuanto al consumo de alcohol, aborto o la legalización de drogas. En otras situaciones, la iniciativa ciudadana puede recoger firmas y plantear al congreso la exigencia de convocar a un referéndum, o tomar la decisión directamente como en Uruguay, donde la sociedad civil puede viabilizar un plebiscito, siempre y cuando obtenga un diez por ciento de apoyo del padrón electoral para modificar la constitución, o veinticinco por ciento para cambiar alguna ley de la república.
El problema central siempre girará en torno a la efectiva y real capacidad que tienen los ciudadanos para influenciar en los niveles de gobierno, supervisando y tratando de orientar las políticas públicas, una vez implementadas. A partir de esto, se deduce que la democracia adquiriría mejor calidad porque el voto iría más allá de la participación electoral, llegando a ser entendido como una razón consubstancial a la toma de decisiones. Aquí, la democracia directa deja de ser un exotismo para transformarse en un requisito de calidad democrática, situado por encima de la democracia representativa que tiende a generar super-clases, donde los representantes se preocupan por su reelección y fortalecen estructuras elitistas en la sociedad, cultura y economía.
Los referéndums y plebiscitos como instituciones de la democracia directa son, normalmente, decididos por pocos votos y utilizados para ejecutar cambios radicales en la sociedad y en la vida política porque a la población le gusta la idea de ser consultada para influir sobre problemas que, en el terreno de la opinión ciudadana, son juzgados vitales. Lo que no queda claro es si la sociedad civil tiene la capacidad, como conjunto, de prever las consecuencias futuras de sus decisiones después de las consultas.
Se requiere un estudio mundial de los referéndums como “mecanismos o instrumentos” de corrección de problemas políticos; al mismo tiempo, no es prudente confundir a los mecanismos de la democracia directa, con la resolución alternativa de conflictos en gran escala. Los referéndums no son herramientas para tranzar y solucionar conflictos, sino instituciones para discutir los contenidos, materialización y alcances de la democracia directa. En otras palabras, la discusión fundamental destaca qué tipo de instituciones pueden desarrollarse en una sociedad para dar cuenta y evidenciar realmente que la democracia sea un régimen político que valga la pena apoyar y prolongar en el tiempo.
Las consultas ciudadanas fortalecen la idea de que toda democracia puede cualificarse, únicamente si se profundizan los instrumentos de participación directa; sin embargo, los defensores de la democracia representativa consideran que dichos instrumentos son costosos en tiempo y dinero, perjudicando una ágil toma de decisiones. Las brechas entre una y otra forma de entender la democracia se agrandan irremediablemente, constituyendo una polarización conflictiva que caracteriza a los sistemas democráticos del siglo XXI, sobre todo en América Latina y Europa del Este. Este tipo de enfrentamiento está sustituyendo, con más claridad y peso teórico, a la tradicional lucha entre izquierda y derecha.
Franco Gamboa Rocabado, sociólogo político, miembro de Yale World Fellows Program,
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