El proceso legal inició cuando el Gobierno de Venezuela fue demandado en 2005 por un grupo de inversionistas de Ohio, que afirmó que el Presidente Hugo Chávez y su gobierno, se negaron a realizar el pago de una deuda de bonos (Bandagro), a pesar de la certificación y garantías por parte de la tesorería venezolana.
Los papeles fueron emitidos con el respaldo de la ex Procuradora de Venezuela, Marisol Plaza , pero cuando los inversionistas norteamericanos trataron de venderlos, el gobierno venezolano emitió un informe diciendo que eran fraudulentos.
En lugar de pagar, el Gobierno venezolano contraatacó, abriéndose camino a través de al menos cinco firmas de abogados, y un gasto de millones, pelearon en los tribunales durante seis años, en una amarga lucha y en última instancia, sin éxito.
Esta batalla terminó esta semana cuando una decisión dictada por el Juzgado Sexto de Circuito de Apelaciones, le cerró la puerta en la apelación a Venezuela, de forma unánime. Los 23 jueces de la corte de apelaciones dieron un pulgar hacia abajo al esfuerzo de Venezuela para llevar el caso hasta la Corte Suprema de los EE.UU.
El abogado del grupo inversor, David Richards, espera una orden formal en las próximas semanas para iniciar las acciones de incautación de activos de Venezuela en los EE.UU. Se incluyen las estaciones de gasolina de Citgo, tres refinerías de la Costa del Golfo y una flota de petroleros atracados en Houston.
Venezuela pierde batalla legal en EEUU y deberá pagar US mil millones o afrontar la incautación de las gasolineras Citgo
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