El Senado ratificará el veto al voto emigrante en las municipales

La proposición de ley llegó a la Cámara alta tras dos años de trabajo de una subcomisión en el Congreso, presidida por el socialista Alfonso Guerra, y culmina la primera actualización global de una norma que data de 1985. Su consecuencia más directa es que más de 360.000 gallegos inscritos en el Censo Español de Residentes Ausentes (CERA) no podrán, por vez primera, ejercer su derecho a voto el 22-M.

   Con todo, las tres principales formaciones de la Comunidad están satisfechas con su aprobación y coinciden en lo positivo de que la reforma de la ley electoral cierre las puertas "a la incoherencia" de que ciudadanos que no residen en los ayuntamientos gallegos --y que en ocasiones ni si quiera los conocen-- puedan decidir sobre los futuros gobernantes, aunque los nacionalistas la ven insuficiente.

   Lo ha manifestado este martes el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, quien ha avanzado el apoyo de la formación frentista a esta modificación legal al considerar que va "en la dirección adecuada", aunque ha matizado que su formación demanda cambios al respecto del sufragio exterior "en otros comicios, como los autonómicos".

   Por su parte, PPdeG y PSdeG aplauden la reforma y, pese a ser conscientes de que puede influir en los resultados de las locales, evitan otorgarle una gran trascendencia. De hecho, Celso Delgado (PP) auguraba recientemente "un efecto neutro", mientras que el socialista Pablo García consideraba "evidente" que influirá en los ayuntamientos de la Comunidad con mayor peso del voto exterior, aunque aseguraba que los socialistas lo afrontan "con tranquilidad".

   Y es que, hay total de 365.172 gallegos registrados en el CERA, la mayoría procedentes de A Coruña --127.580-- y Pontevedra --105.798--. Las provincias de Lugo y Ourense cuentan con 49.991 y 81.803, respectivamente. Además, los residentes ausentes suponen más de una cuarta parte de los censos electorales de la mitad de los 315 ayuntamientos gallegos y, en el caso de municipios ourensanos como Avión o Bande, los electores en el extranjero superan a los vecinos con derecho a voto que residen en estas localidades.

    Además de impedir el voto a los residentes ausentes que no estén censados en un municipio español, otra de las novedades de la reforma electoral que ratificará este miércoles el Senado se refiere a la posibilidad de voto en urna en consulados y embajadas para los emigrantes.

SUFRAGIO INMIGRANTE

   La ausencia del voto CERA modificará la estrategia de campaña de los partidos gallegos para las próximas locales, pero también deberán tener en cuenta otra novedad: serán los primeros comicios en los que, además de los ciudadanos europeos empadronados en España, podrán ejercer su derecho a voto los procedentes de ocho nuevos países,  gracias a los convenios de reciprocidad suscritos entre el Gobierno de España y los de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay y Perú.

   En Galicia, se han remitido ya un total de 5.123 comunicaciones a ciudadanos procedentes de estos países censados en la Comunidad y 16.452 a otros tantos europeos residentes en la Comunidad. Los interesados en votar deben tener en vigor el permiso de residencia y solicitar en sus respectivos municipios la inscripción en el censo electoral. El plazo para hacerlo concluirá el próximo 25 de enero.

   En este escenario, partidos y asociaciones que representan a colectivos de extranjeros residentes en Galicia aplauden la incorporación de los ciudadanos extracomunitarios gracias a los convenios de reciprocidad, aunque unos y otras coinciden en que el efecto electoral de su participación será "pequeño", por el escaso peso de la población inmigrante en la Comunidad, salvo en las ciudades y en algunas localidades concretas.

   PP, PSOE y BNG respaldan el impulso de estos convenios de reciprocidad, con la convicción de que quienes residen legalmente en un ayuntamiento gallego tienen derecho a participar en su vida política como cualquier otro ciudadano, al igual que coinciden en que "tendrán en cuenta" las necesidades y demandas de los inmigrantes en los programas electorales en los que ya trabajan de cara a los próximos comicios de mayo.